15 de febrero.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó un informe de las auditorías hechas en su primer año de gestión, donde destaca que durante 2019 realizó casi 3 mil 400 actos de fiscalización.
De esa cifra, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, refirió la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval Vallesteros, ante miembros del gabinete legal y ampliado.
De acuerdo con un comunicado de la SFP, indicó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En materia de obra pública, la Secretaría llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.
Como resultado de la fiscalización e investigación, la SFP abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.
Al presentar el informe, la funcionaria federal expuso que hasta el inicio del actual gobierno, “había un control prácticamente nulo en la APF, porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas”.
Por ello, dijo, “nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”.
En ese sentido, afirmó que ya el actual gobierno ya revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado, institucionalizar el dominio de intereses privados y fomentar el imperio de la impunidad.
En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó la secretaria de la Función Pública.
