La destitución del presidente municipal de Cuyoaco, Iván Camacho, ha generado polémica en el Congreso de Puebla, tras la viralización de diferentes videos que exhibían una conducta prepotente y hasta de abuso de autoridad por parte del edil.

Mientras usuarios pedían la destitución inmediata, el priista pronto detectó que detrás de la viralización había en realidad un ejército de cuentas automatizadas y bots diseñados para desprestigiarlo.

Investigan a Iván Camacho por abuso de autoridad

Tras la difusión de los videos a finales de julio, en los que se observa al alcalde confrontando a empleados de una tienda departamental y bloqueando el paso de un autobús de transporte, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por abuso de autoridad.

“La Fiscalía de Puebla no ha hecho saber que derivado de esta investigación no se ha encontrado ningún indicio de que haya participado en la comisión de un delito”, aseguró el presidente municipal.

Durante la revisión de la rápida propagación del contenido, Camacho detectó la intervención de un “ejército” de cuentas falsas y automatizadas destinadas a desprestigiarlo.

“Hemos identificado propias granjas de estos bots atacando al gobierno en turno; en algunos casos, a pesar de ser el mismo equipo de la misma línea política, hay división interna al interior...”, señaló Camacho.

El precio de la política: perfiles falsos vs el Congreso de Puebla

Consultores políticos coinciden en que la presencia de perfiles falsos es habitual en campañas de desprestigio:

“Es fácil detectar los perfiles falsos, segundo porque regularmente los mensajes son operados y tercero porque la interacción orgánica es muy baja” explicó Patricio Morelos, consultor político y encuestador.

Pero mientras el alcalde de Cuyoaco presentaba denuncias en Ciudad de México, la bancada de Morena en el Congreso local inició el proceso legal para evaluar su destitución.

Por lo que se espera que tras el período vacacional, se incluya en la sesión de la Comisión Permanente la solicitud para investigar a Iván Camacho y determinar si procede la suspensión o revocación de su mandato.

Al respecto, los morenistas argumentan que un servidor público no debería amenazar a trabajadores ni generar miedo entre ciudadanos, pero realmente están interesados en hacer justicia o ¿se trata de un golpe político?