En México, exponer datos personales en internet ha dejado de ser una simple imprudencia para convertirse en una arma de violencia digital. Esta práctica, conocida mundialmente como “Doxing”, está en la mira del Congreso de la Ciudad de México, donde diputados de oposición buscan tipificarla urgentemente como delito, advirtiendo que hoy en día se utiliza incluso desde las más altas esferas del poder para intimidar.

¿Qué es doxing?

El abogado y experto en derecho, Guillermo Ordaz, define esta práctica como una forma directa de violentar a una persona mediante la difusión no consensuada de información sensible.

“El doxing es una forma de violentar por medio de usar imágenes, contenido sensible como son el nombre, datos personales o de identificación como la dirección, que busca que la gente sea dañada por medio de compartir ese contenido para que otros puedan ser mal usados”, explicó Ordaz.

Las cifras revelan una crisis de ciberacoso en el país. De acuerdo con el INEGI, el 21% de los internautas en México ha sufrido algún tipo de acoso digital. Sin embargo, la violencia tiene un sesgo de género alarmante: según ONU Mujeres, el 58% de las víctimas de doxing son mujeres, quienes quedan expuestas a ataques físicos, psicológicos y al escrutinio público masivo.

Acusan de doxing desde Palacio Nacional en mañaneras de Claudia Sheinbaum

La diputada local del PAN, Olivia Garza, es quien encabeza la propuesta para tipificar esta conducta. Su iniciativa no solo busca proteger a la ciudadanía común, sino que lanza una dura acusación contra el gobierno federal, señalando que el doxing se ha institucionalizado como herramienta de represión.

“Hemos visto cómo desde la conferencia mañanera justo la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado nombres, datos personales, cosas íntimas, información que tendría que ser confidencial y las hace del dominio público, poniendo en peligro a las personas que están manifestándose”, denunció la legisladora.

Proponen hasta cuatro años de cárcel para funcionarios que expongan datos personales

La propuesta busca reformar el Código Penal y las leyes de protección de datos personales para imponer sanciones severas:

  • Pena base: De seis meses a dos años de prisión para quien revele información sensible.
  • Agravante: Si el delito es cometido por un funcionario público, la pena se duplicaría (hasta 4 años), bajo el argumento de que el Estado no puede usar su poder para silenciar la libertad de expresión de los ciudadanos.

Actualmente, la iniciativa es analizada en comisiones, pero el mensaje de la oposición es contundente: exponer a los ciudadanos desde el poder debe tener consecuencias penales.