¿Tierra de nadie? Salomón Jara pide desaparecer poderes en Juchitán tras detención de alcalde con nexos de narcotráfico

Tras la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que instruyó a su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, solicitar formalmente al Congreso del Estado la desaparición de poderes en el ayuntamiento. La maniobra busca que el Ejecutivo designe a un encargado temporal para administrar el municipio. Sin embargo, más que una medida de firmeza, la postura del mandatario estatal refleja una tardía estrategia de control de daños para eludir su propia responsabilidad en la crisis de gobernabilidad que asfixia a la región del Istmo.

Resulta inverosímil que desde el Palacio de Gobierno se pretenda vender esta solicitud como una acción oportuna, cuando la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales no ocurre de la noche a la mañana ni constituye un hecho aislado. Salomón Jara no puede alegar ignorancia sobre lo que sucedía en Juchitán: el entramado delictivo en el municipio operó a plena luz del día bajo la mirada omisa de las autoridades estatales. Que el gobernador reaccione hasta que la justicia federal detiene al edil evidencia una peligrosa complacencia con el deterioro institucional de la zona.

En términos legales e institucionales, la desaparición de poderes significa disolver por completo al Ayuntamiento constitucionalmente electo, dejando sin efecto a la figura del presidente municipal, al síndico y a todo el cuerpo de regidores. En su lugar, el Congreso local asume la facultad de nombrar un Concejo Municipal o un comisionado temporal proveniente del Ejecutivo estatal. Esto implica quitarle el gobierno a la vía democrática para que el Poder Ejecutivo tome el control administrativo absoluto de las arcas, los servicios públicos y la seguridad del municipio mientras se convocan nuevas elecciones o se termina el periodo.

En su mensaje, el gobernador aseguró que la vida del municipio "no puede detenerse" y prometió que no dejará sola a la población. No obstante, la propuesta de descabezar la administración local para imponer un consejo designado a modo abre la interrogante sobre la estabilidad real del Istmo: ¿va a convertirse Juchitán en un pueblo de nadie entregado a la incertidumbre política y a la disputa territorial de grupos criminales? La simulación de enviar más elementos de seguridad tras el colapso de la autoridad municipal no resuelve el problema de fondo si las redes de complicidad política siguen intactas.