Desde 2024, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) las manos para imponer a los dueños de inmuebles un tope y fijar hasta cuánto pueden subir el monto de la renta cada año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esa medida, que para los especialistas invade el derecho de los particulares, bajo el argumento de garantizar el acceso a la vivienda y evitar gentrificación, pasando por encima de quien ha creado un patrimonio.
Especialistas advierten impacto en el derecho a la propiedad
El artículo 2448 D del Código Civil capitalino impone que la renta no se puede incrementar por encima de la inflación anual. Por ejemplo, si en 2025 cobraba cinco mil pesos mensuales y la inflación anual fue de un 3.69 %, la renta solo podría subir 184 pesos para 2026.
“Se está coartando el derecho a la propiedad, a la libertad de decisión; ligar se llama voluntad, uno ofrece, uno oferta, pero quieren coartarnos la libertad de ligar, o sea, es una política populista”, dijo Rodrigo Maldonado, abogado.
Contratos de arrendamiento, tema pendiente en la agenda de la SJCN
Una medida que, afirman, impactará a largo plazo en el mantenimiento de los inmuebles. La resolución fue celebrada por los hermanos Batres. El actual director del ISSSTE, Martí Batres, dijo que impulsó el decreto durante su interinato como jefe de Gobierno.
Lenia Batres, la ministra de la Corte, dijo que votó a favor de la medida implementada por su hermano.
Eso no es todo. La Corte tiene pendiente analizar otro artículo del mismo Código Civil que crea un registro de los contratos de arrendamiento. Varios ministros señalaron que no se garantiza la protección de datos personales; por lo tanto, ese tema quedó pendiente para votarse en otra sesión.
“Es decir, no cumpliría de ninguna manera con estos estándares mínimos de privacidad desde el diseño”, externó Arístides Rodrigo Guerrero, Ministro. Otra vez la Corte del acordeón avalando lo impuesto por el oficialismo.
