Mientras el discurso oficial presume obras “estratégicas” y multimillonarias inversiones en infraestructura, el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca expuso una realidad distinta en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: irregularidades técnicas, pagos indebidos y presunta corrupción documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con los hallazgos, la rehabilitación de la Línea Z —donde ocurrió el accidente— se ejecutó desde su origen con deficiencias graves. El proyecto arrancó en 2019 sin una planeación adecuada y tuvo que modificarse sobre la marcha, una práctica que los auditores calificaron como irregular y riesgosa, especialmente tratándose de una obra ferroviaria.
Un proyecto mal diseñado desde el inicio
La ASF detectó que el proyecto original no contempló adecuadamente elementos esenciales para la seguridad de la vía, como el material de terraplén y el sub-balasto, componentes clave que amortiguan el peso y la vibración del tren. Estas omisiones obligaron a realizar ajustes posteriores en las secciones topográficas, elevando costos y comprometiendo la calidad de la obra.
Para la primera etapa de rehabilitación en curvas y pendientes del tramo Mogoñé–La Mata, que abarca del kilómetro 186 al 242, se contrató a la empresa Daniferrotools. Sin embargo, las anomalías no se limitaron a esta fase ni a una sola compañía.
Empresas bajo sospecha y recursos sin comprobar
Las empresas Comsa Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante, contratadas en conjunto para corregir 56 kilómetros de curvatura, rehabilitar 146 kilómetros de vía férrea y conectar la Línea Z con el puerto de Salina Cruz, también fueron señaladas por la ASF.
En 2023, ambas compañías cobraron recursos adicionales por trabajos de desmantelamiento y armado de vía que, según la auditoría, no cuentan con evidencia documental. No existen registros claros de las cuadrillas de trabajadores ni del equipo que supuestamente se utilizó, pese a que los pagos sí se realizaron.
Además, los auditores confirmaron que se colocaron casi 200 metros cúbicos menos de balasto del reportado, aun cuando ese material fue facturado en su totalidad.
Daño al erario y exigencia de justicia
Las irregularidades detectadas representan un daño al erario superior a los ocho millones de pesos. Por estos hechos, la ASF solicitó sanciones contra los funcionarios que permitieron las anomalías y las empresas involucradas fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República.
Hoy, tres de las víctimas del descarrilamiento —integrantes de una familia de misioneros— exigen justicia. Su reclamo apunta directamente a quienes autorizaron, ejecutaron y cobraron una obra deficiente, financiada con recursos públicos y que terminó en tragedia.
