El panorama sanitario en México enfrenta un desafío sin precedentes ante la propuesta federal de unificar la atención médica. Mientras el Gobierno impulsa la llamada “universalización” para que derechohabientes del IMSS-Bienestar, ISSSTE e IMSS puedan utilizar cualquier hospital indistintamente, la realidad operativa en las clínicas muestra un sistema sobrepasado y con recursos en retroceso.
Los testimonios de familiares de pacientes, recogidos en diciembre de dos mil veinticinco, describen una situación crítica donde la carencia de insumos básicos obliga a los ciudadanos a costear válvulas de su bolsillo y las agendas de citas se encuentran saturadas hasta meses posteriores.
Hospitales al límite y carencia de insumos
Dentro de los nosocomios, el escenario resulta desolador con áreas de urgencias que rebasan su límite máximo. La falta de infraestructura funcional ha provocado el cierre de laboratorios y situaciones donde el personal sanitario debe brindar asistencia a los enfermos directamente sobre el suelo.
Pese a estas condiciones, la administración central insiste en fusionar la atención sin detallar el origen del financiamiento necesario para sostener tal expansión. Éctor Jaime Ramírez, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, califica esta meta como inalcanzable, señalando que México incumple con los criterios técnicos de la Organización Mundial de la Salud al no garantizar un paquete básico de prestaciones ni evitar el empobrecimiento de la población por motivos médicos.
La brecha entre la política y la realidad técnica
La ausencia de un presupuesto definido representa la mayor incógnita para los analistas financieros. Judith Méndez, directiva de investigación en el CIEP, advierte que resulta imposible ampliar la cobertura si el monto económico asignado permanece estático. Los especialistas pronostican que la demanda de consultas y cirugías sufrirá retrasos aún mayores debido a la saturación hospitalaria.
Actualmente, la tasa efectiva de atención en el Seguro Social apenas ronda el cuarenta por ciento, cifra que desciende al treinta por ciento en el esquema de Bienestar. Para que el proyecto funcione, las instituciones tendrían que duplicar su capacidad operativa actual, un reto que parece distante bajo la estructura presupuestaria vigente.
A la crisis logística se suma la inconformidad laboral del gremio médico. Empleados del IMSS denuncian que la homologación de servicios pone en riesgo sus prestaciones ganadas, previendo la desaparición del contrato colectivo vigente.
Trabajadores como Ismael Bautista señalan que las condiciones salariales del ISSSTE y Bienestar son inferiores, basadas meramente en la ley federal del trabajo, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad de quienes laboran en el Seguro Social. En síntesis, la falta de claridad en el funcionamiento y fondeo de esta integración proyecta un futuro incierto que voces internas califican como una posible emergencia nacional en materia de sanidad pública.
