Por qué la “verdad histórica” de Murillo Karam es un crimen de Estado

Hoy se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam, exprocurador de justicia en la administración pasada, y a quien se le atribuye la autoría de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ya se consideró como un crimen de Estado.

Para que un caso como el de Ayotzinapa se considere como tal debe reunir cuatro características:

1. Son cometidas por autoridades del Estado o por quien actúa con respaldó de él, ya sea por su complicidad o tolerancia.

2. El crimen se comete contra una cantidad de víctimas.

3. Estos actos o crímenes se realizan de acuerdo con un plan preconcebido, que permite que se repitan estos actos inhumanos.

4. Se dirigen contra la población por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

El 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el tercer informe sobre el caso Ayotzinapa confirma que la “verdad histórica” es una acción concertada desde el Estado.

Es decir, que la “verdad histórica” fue una acción en la que autoridades alteraron las escenas del crimen y ocultaron los vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado y de seguridad, además de autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.

En el informe de la Segob se dio a conocer que “verdad histórica” estuvo implementada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, el subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz, el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez; el director de la AIC, Romás Zerón, además de mandos de la Policía Federal, militares y autoridades locales.

La “verdad histórica” se basa en la versión de la incineración de los normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula.

En la “verdad histórica”, indica el informe, prevalecen las contradicciones y vacíos narrativos que acrediten “abuso de poder”, que entorpeció la investigación sobre el caso de desaparición de los normalistas.

“La verdad histórica fue construcción desde el gobierno federal que pretendió crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, buscando legitimar socialmente la verdad de los hechos, limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal, sin considerar la participación de las fuerzas armadas de la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos”.

El informe sobre el caso Ayotzinapa no significa que concluya la indagatoria para hallar a los 43 normalistas y castigar a los responsables, aseguró Alejandro Encinas.

Dijo que hay elementos suficientes para que FGR continúe indagando para deslindar responsabilidades en contra de 33 personas, entre ellas autoridades federales y municipales, además de integrantes de Guerreros Unidos.

Sobre la búsqueda de los normalistas, Encinas explicó que se continuará su búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.