Cámara de Diputados recibe iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum

El reloj legislativo se ha puesto en marcha. Tras semanas de especulaciones y tensiones políticas, se terminó la espera: la Cámara de Diputados recibió de manera oficial la iniciativa de Reforma Electoral enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El documento que busca transformar las reglas del juego democrático en México ya está en manos del Poder Legislativo, marcando el inicio de lo que se anticipa como una de las batallas políticas más intensas del año.

El protocolo de recepción se llevó a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro. Juan Ramiro Robledo, titular de la unidad de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), acudió en representación del Ejecutivo federal y fue el encargado de entregar físicamente el documento.

Del lado del Legislativo, la iniciativa fue recibida por la diputada Kenia López Rabadán, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien formalizó el ingreso del proyecto de decreto.

Tras el anuncio, la bancada de Morena expresó su respaldo a la propuesta presidencial con consignas desde sus curules. Entre gritos de “¡Presidenta!”, “¡No estás sola!” y “¡A favor, a favor!”, las y los legisladores manifestaron públicamente su apoyo a la iniciativa.

En el marco del 97 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, su dirigente nacional, Alejandro Moreno, lanzó un llamado a fuerzas políticas de oposición y a partidos aliados del gobierno para construir un frente que frene la propuesta de reforma electoral impulsada desde el poder.

Durante una sesión solemne del partido, Moreno pidió particularmente al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo abrir un diálogo para evitar lo que calificó como un riesgo para la democracia del país.

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La iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo federal plantea cambios de fondo en el financiamiento de los partidos políticos, la integración del Congreso y las reglas de fiscalización, así como ajustes en los tiempos oficiales y en el cómputo de las elecciones.

Uno de los puntos centrales es la reducción del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. El porcentaje base pasaría de 65% a 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El monto total asignado se calcularía multiplicando ese nuevo porcentaje por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Con ello, el financiamiento seguiría ligado al tamaño del electorado, pero con una bolsa menor respecto al esquema vigente.

La Cámara de Diputados mantendría sus 500 integrantes, aunque se modificaría el mecanismo para designar a los 200 legisladores de representación proporcional.

De los 500 escaños:

• 300 continuarían eligiéndose por mayoría relativa en distritos electorales.
• 200 serían de representación proporcional bajo un nuevo esquema.

De estos últimos:

• 100 se asignarían a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron la votación más alta dentro de su partido.
• 100 serían electos por votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo la posibilidad de que participen diputados residentes en el extranjero.

En la Cámara de Senadores se propone eliminar los escaños plurinominales. Con ello, el número total de integrantes pasaría de 128 a 96.

En cada entidad federativa se elegirían tres senadores: dos por mayoría relativa y uno por primera minoría.

La propuesta también reduce el tiempo oficial destinado a precampañas y campañas en radio y televisión. Actualmente se contemplan 48 minutos diarios; la iniciativa plantea disminuirlos a 35 minutos por día.

La presidenta propone que el cómputo de elecciones federales y locales inicie desde la recepción del primer paquete electoral en los Consejos Distritales, y no hasta el miércoles posterior a la jornada electoral, como ocurre actualmente.

En materia de financiamiento y control de recursos, la iniciativa prohíbe que partidos, precandidaturas, candidaturas e independientes se financien u operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.

Asimismo, obliga a autoridades de seguridad, justicia e inteligencia financiera a coordinarse con la autoridad electoral nacional para compartir información relevante sobre el registro de candidaturas, a fin de salvaguardar la integridad del proceso electoral.

Se prohíben aportaciones en efectivo y de origen extranjero. Además, partidos nacionales y locales, así como precandidatos y candidatos, deberán reportar ante el INE todos sus ingresos, egresos y operaciones financieras, incluyendo valores, divisas, activos virtuales, créditos, seguros, fianzas y compraventa de bienes.

Con esta recepción oficial, arranca formalmente el proceso legislativo para analizar la propuesta presidencial, la cual plantea la modificación directa de 11 artículos de la Constitución mexicana.

Posteriormente, la Mesa Directiva informará al Pleno sobre la llegada del documento y la iniciativa será turnada a las comisiones correspondientes, donde los legisladores de todas las fuerzas políticas deberán iniciar las fases de análisis profundo, discusión y, finalmente, su votación.

Hasta el momento, no existe un consenso entre las fuerzas políticas para aprobarla, e incluso la alianza oficialista enfrenta divisiones internas. El Partido del Trabajo (PT) ha advertido que podría retener sus 49 votos si la iniciativa atenta contra su supervivencia política (como la eliminación de plurinominales) o plantea el riesgo de regresar a un partido de Estado, mientras que el Partido Verde se mantiene cautelosamente a la expectativa del texto final.

A esta rebelión interna se suma el bloque opositor, que ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de alterar el contrapeso en el Congreso. Las matemáticas son el principal obstáculo para el gobierno de Sheinbaum: al tratarse de modificaciones a la Carta Magna, se requiere forzosamente de mayoría calificada (dos terceras partes de los votos), una cifra que, como reconoció recientemente el propio líder morenista Ricardo Monreal, aún no tienen asegurada.