Se registran 112 asesinatos a políticos durante primer semestre de 2025

La democracia en México enfrenta uno de sus desafíos más oscuros. Durante el primer semestre de este año, la violencia política ha alcanzado niveles alarmantes, con 112 asesinatos de políticos, funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular. Estas cifras no solo revelan la brutalidad del crimen, sino también la creciente infiltración de grupos delictivos en las estructuras del Estado, según un contundente informe de Integralia Consultores.

El reporte de Integralia detalla una serie de agresiones que van más allá de los lamentables homicidios. Además de los 112 asesinatos, el primer semestre del año registró:

• 74 amenazas directas contra actores políticos.
• 33 atentados con arma de fuego.
• 17 secuestros confirmados, que sembraron el terror entre las víctimas y sus familias.
• 11 desapariciones, dejando un rastro de incertidumbre y dolor.
• 6 casos de violencia política de otro tipo, que reflejan la diversidad de tácticas utilizadas para intimidar y controlar.

Veracruz fue el estado que concentró más eventos de violencia política con un total de 81 agresiones.

Estas cifras, frías y contundentes, pintan un escenario de riesgo constante para quienes participan en la vida pública de México. La violencia no distingue entre partidos ni niveles de gobierno, afectando a la esencia misma de la gobernabilidad y la participación ciudadana.

El 27 de febrero fue asesinado en un tramo carretero el director de seguridad pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, Jaime Maciel Ramírez.

Un grupo armado irrumpió la madrugada del 8 de mayo en el hospital comunitario de santa fe, para matar a Cecilia Ruvalcaba, jefa de enfermeras y regidora de Teocaltiche, Jalisco.

En pleno acto de campaña, un sicario mató la noche del domingo 11 de mayo a Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Tejistepec, Veracruz.

El 20 de mayo fueron ejecutados en la Ciudad de México, la secretaria particular Ximena Guzmán y el asesor José Muñoz, cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Otro comando ingresó al palacio municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, para asesinar a la presidenta municipal, Lilia Gemma García Soto.

El informe de Integralia es categórico al señalar la principal causa de esta escalada: la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Esta penetración facilita una amplia gama de delitos que van más allá de la violencia directa contra políticos. El control territorial y la corrupción sistémica permiten al crimen organizado operar “desde dentro”, desvirtuando el funcionamiento de las instituciones.

Esta infiltración no solo explica los asesinatos y las amenazas, sino que también crea un caldo de cultivo para:

• Extorsión: El cobro de cuotas a negocios y ciudadanos, bajo amenaza.
• Secuestro: Una herramienta de presión y financiamiento.
• Derecho de piso: La imposición de pagos por operar en ciertas zonas, afectando directamente la economía local y la libre empresa.
• Otros delitos: Una gama de actividades ilícitas que se expanden gracias a la impunidad y la complicidad.

La facilidad con la que el crimen organizado opera desde las entrañas del poder es un factor crucial. Esto les permite no solo silenciar voces disidentes o eliminar obstáculos, sino también controlar territorios y economías locales, garantizando un flujo constante de recursos y poder.