En gran parte de Estados Unidos se debaten leyes respecto a las políticas migratorias que se llevan a cabo en el país para combatir el ingreso ilegal de personas. Estas severas reglamentaciones, que suelen estar destinadas a otorgarles más poder de las autoridades policiales, ahora sacuden a la legislatura de Carolina del Norte, que tiene bajo la lupa un proyecto para enfrentar esta problemática nacional.
Aunque todavía no se aprobó la normativa, la Cámara de Representantes estatal votó a favor de no aceptar las enmiendas que fueron realizadas por el Senado, y enviarán a la legislación a un equipo para negociar. Según trascendió en medios locales, esta ley obligaría a los alguaciles a cumplir con las solicitudes de los agentes federales de inmigración de retener a los reclusos que se cree que se encuentran en el país de manera indebida.
Por su parte, el presidente del Congreso del distrito, Tim Moore, informó antes de la elección que “esperaba que la Cámara votara sobre el proyecto de ley con los cambios terminados la próxima semana”. Sin embargo, los legisladores republicanos sostuvieron que “no se espera que cambie el contenido principal” de esta regla.
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Los posibles cambios de la ley sobre la inmigración en Carolina del Norte
Una de las principales modificaciones sería que los alguaciles o carceleros de los 100 condados del estado deben cumplir con las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, la cual consta de un pedido federal para arrestar a aquellos que crean que están en el territorio norteamericano ilegalmente. Además, los guardiacárceles deberán detener al recluso acusado de delitos graves hasta por 48 horas.
Mientras el proyecto estuvo en el Senado, se agregaron algunas reformas, incluida una que permitiría a cualquier persona presentar una queja ante la Fiscalía General si cree que un funcionario no está cumpliendo la ley.
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Por otro lado, agrupaciones de defensa de los hispanos expresaron a través de un comunicado que la legislación “sigue siendo una amenaza real” y podría dañar a las comunidades de inmigrantes en el estado.