La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) logró una de las sentencias más severas registradas recientemente en delitos de violencia familiar. Alan “N” fue condenado a 90 años de prisión tras demostrarse su responsabilidad en el delito de violación agravada, cometido de forma reiterada en contra de su propia hija, quien es menor de edad.
El fallo judicial no solo contempla el encierro del agresor, sino que impone medidas de reparación integral del daño, lo que incluye la cobertura total de terapias psicológicas especializadas para la víctima, buscando su recuperación tras los traumáticos eventos vividos.
¿Qué pasó en la Magdalena Contreras? Un patrón de violencia familiar
De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la etapa de juicio, Alan “N” utilizó su posición de parentesco y autoridad para vulnerar a la menor. Los dictámenes periciales y las entrevistas recabadas confirmaron que el ahora sentenciado agredió sexualmente a su hija en al menos tres ocasiones.
Los ataques ocurrieron entre abril y julio de 2024 en un domicilio particular ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. La solidez de la investigación, que incluyó pruebas científicas y testimoniales, permitió que el juzgador dictara la pena máxima, considerando la gravedad de las agravantes por el vínculo consanguíneo.
📝La Fiscalía CDMX obtuvo una sentencia de 90 años de prisión contra un hombre por violación agravada en perjuicio de su hija menor de edad.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 6, 2026
Alan “N” fue detenido por agentes de la PDI en febrero de 2025. A partir de la investigación, se acreditó su responsabilidad en tres… pic.twitter.com/qr7jREx7gJ
Captura en la Obrera y el proceso judicial: 90 años de castigo
El camino hacia esta sentencia comenzó el 18 de febrero de 2025, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Alan “N” en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Tras ejecutar la orden de aprehensión, el sujeto fue trasladado y vinculado a proceso, permaneciendo bajo custodia durante todo el desarrollo del juicio.
La Fiscalía capitalina destacó que este resultado es fruto de un trabajo coordinado entre peritos, policías y ministerios públicos. El uso de protocolos con perspectiva de infancia fue clave para evitar la revictimización de la menor y garantizar que el proceso llegara a una resolución condenatoria de casi un siglo de prisión.
Reparación del daño y justicia para la víctima
Más allá de la sanción privativa de la libertad, la sentencia enfatiza el derecho de la víctima a una vida libre de violencia. La orden de reparación integral del daño busca que el Estado y el sentenciado cubran todas las necesidades de salud mental y física que la menor requiera a raíz de las agresiones.
