El senador del PAN, Antonio Martín del Campo, lanzó una fuerte acusación al señalar que recursos provenientes del llamado “huachicol fiscal”, vinculados al crimen organizado, habrían sido canalizados hacia campañas políticas de Morena mediante un presunto esquema de lavado de dinero en el Banco del Bienestar.
De acuerdo con el legislador, estos recursos ilícitos habrían ingresado al sistema financiero bajo la apariencia de remesas, lo que —afirmó— facilitaría su dispersión sin levantar alertas inmediatas. En ese sentido, sostuvo que este mecanismo habría operado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien atribuyó la creación de condiciones que permitieron este tipo de movimientos.
Señalamientos sobre remesas y presión internacional
Durante sus declaraciones, Martín del Campo aseguró que existe una relación entre la disminución reciente en el flujo de remesas y las advertencias internacionales sobre posibles operaciones de lavado de dinero. En particular, mencionó que el tema sería conocido por autoridades de Estados Unidos y que existe preocupación ante eventuales acciones derivadas de señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump.
“Ha ido a las campañas, e inclusive todavía aún más, te puedo decir cómo lo han lavado a través del Banco del Bienestar, o sea, esa es la forma de trabajar y de operar, y eso lo sabe muy bien Estados Unidos, por eso no le tienen miedo a Estados Unidos, le tienen pavor a las declaraciones de Donald Trump", afirmó el senador. Agregó que la reacción en los mercados de remesas tras declaraciones desde Estados Unidos sería, a su juicio, un indicio de irregularidades.
Llamado a investigar posibles vínculos con crimen organizado
El legislador panista pidió la apertura de investigaciones amplias para esclarecer el origen y destino de estos recursos, así como posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Según dijo, la creación del Banco del Bienestar habría permitido evadir mecanismos tradicionales de fiscalización.
Asimismo, advirtió que, de confirmarse estos hechos, podrían derivarse responsabilidades para diversos actores políticos. En su posicionamiento, insistió en que las autoridades deben revisar con rigor las operaciones financieras relacionadas con programas sociales y transferencias internacionales.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del Gobierno federal ni de Morena respecto a estas acusaciones. El tema podría escalar en la agenda pública en los próximos días, especialmente si se formalizan denuncias ante instancias nacionales o internacionales.
