De gobernador en Guerrero a imputado por la “Verdad Histórica"; Así fue como Ángel Aguirre obstruyó la justicia en caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe de alto impacto al arrestar al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Tras una década marcada por la indignación, la simulación institucional y el reclamo persistente de las familias, la detención del exmandatario estatal expone los engranajes de un aparato gubernamental que colocó la protección política por encima del esclarecimiento de los hechos. Así fue como Ángel Aguirre obstruyó la justicia por tantos años.

De acuerdo con la FGR, la detención se sustentó en un reanálisis de la carpeta de investigación que derivó en nuevas diligencias probatorias. Este acredita que la administración estatal que encabezaba Aguirre Aguirre ocultó pruebas determinantes para la localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

Entre los hallazgos señalados en informes de organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVaj), sobresalen las irregularidades en la recolección inicial de evidencias por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la posterior pérdida o destrucción de grabaciones pertenecientes al sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, registros que captaban la interceptación de uno de los autobuses de los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Las acusaciones y señalamientos contra Ángel Aguirre no datan de aquella noche en Iguala, sino de mucho antes. Esta es una línea del tiempo sobre los acontecimientos más relevantes bajo su gestión y sobre la investigación del caso Ayotzinapa:

• 12 de diciembre de 2011: El antecedente del asesinato de dos estudiantes

Durante un operativo de la Policía Estatal de Guerrero y la Policía Federal para desalojar a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se manifestaban en el punto conocido como El Parador del Marqués, en Chilpancingo, son asesinados a balazos los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a los derechos humanos bajo el gobierno de Aguirre Rivero.

• 26 y 27 de septiembre de 2014: La noche de Iguala

Policías municipales de Iguala y Cocula, apoyados por corporaciones estatales y elementos del crimen organizado, atacan a balazos los autobuses donde se transportaban los estudiantes normalistas, dejando seis personas muertas y 43 jóvenes desaparecidos. Pese a la magnitud de los ataques coordinados, las fuerzas de seguridad pública del estado de Guerrero y el Ejecutivo estatal omitieron activar los protocolos de emergencia y no intervinieron para proteger a la población civil ni frenar las agresiones.

• 23 de octubre de 2014: Licencia y dimisión de la gubernatura

Tras un mes de intensas protestas sociales, la toma de instalaciones gubernamentales en Chilpancingo y los cuestionamientos a la Fiscalía General del Estado por la deficiente integración de las primeras investigaciones, Ángel Aguirre Rivero se ve obligado a presentar su solicitud de licencia como gobernador ante el Congreso de Guerrero.

• 6 de septiembre de 2015: El primer informe del GIEI y las grabaciones perdidas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presenta su primer informe formal, en el cual revela la manipulación de la escena del crimen y la desaparición indocumentada de los videos del Palacio de Justicia de Iguala. Dichas cintas registraban la detención de los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 por parte de patrullas policiales de Guerrero.

• 18 de agosto de 2022: El informe de la CoVaj y la "Verdad Histórica"

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por la Secretaría de Gobernación, califica la desaparición de los 43 estudiantes como un "crimen de Estado" y confirma la colusión de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por la fabricación de la "Verdad Histórica", se formalizan las indagatorias sobre las reuniones de alto nivel en las que habrían participado mandos estatales.

Finalmente, después de 12 años de evadir la justicia, elementos de la FGR cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del exgobernador. Ahora le tocará responder formalmente por las imputaciones de ocultamiento de evidencia y obstrucción de la justicia en la desaparición de los 43 normalistas.