El delito de "traición a la patria" ha sido desempolvado en México con fines estrictamente políticos. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, imputó este grave cargo al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusándolo de vulnerar la soberanía nacional al presuntamente autorizar la presencia e intervención no acreditada de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara.
La tipificación original de este crimen se remonta a la Ley del 25 de enero de 1862, decretada por el presidente Benito Juárez en respuesta a la Intervención Francesa para castigar a los mexicanos que colaboraran con potencias extranjeras. La única condena histórica bajo ese precepto constitucional se ejecutó el 19 de junio de 1867 con el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo y los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, Querétaro.
🔴 ¿Cómo se traiciona a la patria? @J_Fdz_Menendez considera desproporcionada la acusación contra César Jáuregui. Mientras en Palacio Nacional defienden los protocolos de seguridad con EEUU
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 19, 2026
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¿Cuándo fue la última vez que la FGR utilizó el tipo penal de "traición a la patria?
En la historia judicial contemporánea, el antecedente legal inmediato en el que la FGR invocó formalmente este delito ocurrió de manera oficial el 25 de agosto de 2024. En esa fecha, la representación social federal abrió una carpeta de investigación e imputó el Artículo 123, Fracción X del Código Penal Federal a Joaquín Guzmán López, alias "El Güero Moreno", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras el secuestro y traslado aéreo no autorizado de Ismael "El Mayo" Zambada desde Culiacán hasta un aeródromo en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024.
En aquel momento, la FGR catalogó la privación de la libertad de un ciudadano mexicano en territorio nacional para su entrega ilegal a autoridades de Estados Unidos como una violación flagrante a la soberanía del Estado. Ese caso, acotado estrictamente a las dinámicas de alta peligrosidad del crimen organizado, representaba el único uso reciente del tipo penal, hasta que el régimen decidió equiparar un asunto de coordinación institucional local con un crimen de Estado.
La justicia selectiva de la FGR encabezada por Ernestina Godoy
El contraste entre la contundencia para perseguir a la oposición y la pasividad ante los aliados del régimen demuestra que la FGR opera con una abierta justicia selectiva. Resulta una contradicción institucional que el Ministerio Público Federal gaste recursos para procesar a un exfiscal estatal por violar la soberanía, mientras mantiene en la absoluta impunidad a figuras del partido en el poder señaladas por sus vínculos operativos con la delincuencia organizada.
Si la entrega del control territorial y el debilitamiento de la soberanía son los parámetros para aplicar la traición a la patria, la FGR debería haber abierto carpetas penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, o el propio Andy López Beltrán por los esquemas de corrupción y huachicol fiscal que financian estructuras delictivas. Para la Fiscalía de Ernestina Godoy, la soberanía nacional no es un principio constitucional, sino un garrote político.