El derecho a la libertad de expresión en México enfrenta una nueva y peligrosa embestida desde los tribunales. La jueza Silvia Delgado, conocida por haber sido abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha emprendido una batalla legal no solo contra activistas, sino ahora directamente contra medios de comunicación nacionales, en un intento por borrar de la memoria pública su pasado laboral y sus aspiraciones a cargos judiciales.
El activista Miguel Alfonso Meza, integrante de la plataforma “Narcopolíticos”, se encuentra en el centro de esta tormenta jurídica. Tras reportar la relación profesional de la jueza con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Meza fue sancionado por supuesta “violencia política de género”. La sentencia inicial lo obliga a inscribirse en una lista de personas violentadoras por seis meses, ofrecer disculpas públicas y eliminar cualquier publicación sobre la trayectoria de Delgado.
Se complica la batalla por la libertad de prensa...
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026
El activista @MiguelMezaC denuncia censura tras nuevos recursos de la jueza Silvia Delgado para borrar publicaciones y sancionar a medios.
El caso ya escala a tribunales… mientras también intentan cerrar sus redes.
¿Justicia… pic.twitter.com/GSjYASY4wE
La expansión de la censura
Sin embargo, la jueza no se dio por satisfecha con la sanción al activista. Silvia Delgado presentó un nuevo recurso legal con un objetivo mucho más ambicioso: obligar a al menos nueve medios de comunicación, entre ellos la revista Proceso, El Financiero, MSN y Sinaloa Hoy, a eliminar sus notas informativas, pagar multas y ofrecer disculpas públicas por reportar hechos de interés público.
Expone a exabogada de “El Chapo” en su campaña para jueza y el Tribunal Electoral lo sanciona
“No se quedó contenta con la sanción en mi contra... impugnó para que otros medios borren sus publicaciones y sean multados”, denunció Miguel Meza. El activista ha sido enfático en su postura de resistencia civil: “Si quieren ponernos el bozal en la boca, que les cueste trabajo. Yo no voy a pedir disculpas ni a borrar eso. Si quieren que me calle, van a tener que aplicarme sanciones o meterme a la cárcel”.
Un Tribunal bajo sospecha
Meza ha impugnado la sentencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuestionando la legitimidad de los magistrados de la Sala Regional Guadalajara que emitieron el fallo inicial. Según el activista, los juzgadores responden a intereses políticos, señalando que llegaron a sus puestos gracias a vínculos con el partido en el poder.
“Es un tribunal ilegítimo. Con la ley actual es imposible que hayamos cometido violencia política de género”, afirmó Meza, quien además enfrenta intentos de cierre de sus redes sociales. Este caso enciende las alarmas sobre el uso indebido de las leyes de protección a la mujer para blindar a funcionarios públicos del escrutinio ciudadano, sentando un precedente donde la verdad informativa podría ser castigada como un delito de género.
