La crisis de desaparecidos en México ha dejado de ser un asunto interno para convertirse en una preocupación urgente de la comunidad internacional. Las cifras del horror no mienten: cada día desaparecen en promedio 40 personas en el país, mientras el rastro de la tragedia se extiende a 4 mil 500 fosas clandestinas localizadas, de donde se han exhumado más de 6 mil cadáveres. Sin embargo, el dato más alarmante es el del olvido: existen 72 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses.
Especialistas y defensores de derechos humanos advierten que el Estado mexicano ha quedado rebasado, no solo por la magnitud del crimen, sino por una omisión deliberada en la creación de herramientas de búsqueda.
Opacidad forense: La negativa a compartir datos de ADN
Uno de los mayores obstáculos para la justicia es la falta de un banco de datos genéticos unificado. El defensor de derechos humanos, Michael Chamberlain, denuncia que las fiscalías del país se han opuesto sistemáticamente a compartir información de ADN, lo que impide realizar cruces de información incluso con países de Centroamérica para identificar los cuerpos.
“Hay una cifra negra de arriba del 90 por ciento de casos que no se denuncian por miedo”, señala Chamberlain, subrayando que sin bases de datos confiables ni investigaciones coordinadas, el régimen ha perdido el control de la crisis. Esta parálisis forense es lo que ha motivado a organizaciones como FUNDAR a pedir que la situación sea analizada ante el máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas.
Juicio político contra Rosario Piedra: El reclamo de las víctimas
En medio de esta emergencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es señalada como un obstáculo más que una garantía. La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció que iniciará un juicio político contra la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, acusándola de utilizar la institución para proteger al Estado en lugar de a las víctimas.
“Tuvieron que venir de la comunidad internacional a hacerle su trabajo y ella se atreve a desestimar el informe con matraca en mano”, sentenció Ballesteros. Para la legisladora y los colectivos de búsqueda, la salida de la funcionaria es el primer paso necesario para desmoronar el muro de opacidad que separa a las familias de la verdad y la justicia.
