La polémica por un presunto derrame de hidrocarburo en la Sonda de Campeche volvió a escalar, luego de que la organización ambiental Greenpeace presentara una serie de evidencias que contradicen la versión del gobierno federal sobre el origen y la magnitud del incidente.
De acuerdo con declaraciones emitidas el pasado viernes 27 de 2025, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que no se había detectado “daño ambiental severo”, subrayando que únicamente se tenía registro de algunos ejemplares de fauna afectados.
En la misma línea, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, atribuyó la contaminación a fenómenos naturales, específicamente a chapopoteras en la zona de Cantarell, las cuales —dijo— presentan emanaciones constantes, aunque reconoció un incremento reciente en el flujo de contaminantes.
Evidencias apuntan a ducto de Pemex y trabajos de reparación
Sin embargo, Greenpeace sostiene una versión distinta. La organización afirma que el derrame habría iniciado desde febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos que conecta Cantarell con Dos Bocas, y que la información fue presuntamente ocultada.
Entre los indicios presentados destaca la presencia del buque “Árbol Grande”, el cual habría realizado trabajos de reparación entre el 7 y el 14 de febrero en el ducto identificado como “Old AK-C”. Imágenes satelitales, según la organización, muestran a esta embarcación —operada por la empresa Grupo Diavaz, contratista de Pemex— junto a otras naves dentro de una extensa mancha de petróleo.
La trayectoria del hidrocarburo, de acuerdo con estos registros, se extendería desde el complejo Cantarell hasta las inmediaciones de Dos Bocas, lo que refuerza la hipótesis de una fuga en infraestructura petrolera.
Retrasos en alertas y afectaciones a comunidades
Otro de los señalamientos más graves es que las autoridades no habrían emitido alertas oportunas. Greenpeace asegura que el derrame fue reconocido públicamente hasta que el crudo llegó a las costas, casi un mes después de iniciado.
Durante ese tiempo, versiones oficiales habrían apuntado a un “buque fantasma” no identificado, así como a las ya mencionadas chapopoteras naturales, como fuentes del contaminante.
Las consecuencias, según la organización, impactaron directamente en ecosistemas sensibles como playas, manglares y arrecifes, además de afectar la actividad económica de comunidades costeras, particularmente pescadores.
En medio de la controversia, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, fue cuestionada sobre la situación por habitantes de Alvarado, aunque descartó preocupaciones tras asegurar que había dialogado recientemente con ellos.
Exigen responsabilidades y transparencia
El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de emergencias ambientales y la transparencia en torno a incidentes petroleros en el país. Mientras las autoridades federales minimizan los daños y atribuyen el fenómeno a causas naturales, organizaciones civiles insisten en que existen elementos suficientes para investigar un posible encubrimiento.
Especialistas advierten que, de confirmarse una fuga en ductos de Petróleos Mexicanos, se trataría de un incidente con implicaciones ambientales y sociales de gran alcance, que requeriría no solo acciones de remediación, sino también sanciones a los responsables.
Por ahora, las comunidades afectadas continúan enfrentando las consecuencias, mientras crece la presión para que se esclarezca el origen real del derrame y se determinen responsabilidades.
