La violencia ha provocado un éxodo silencioso en Oaxaca: habitantes de comunidades indígenas mixtecas viven desplazados de sus hogares desde hace cuatro años, sin que el Estado mexicano garantice las condiciones para su retorno.

Se trata de familias originarias de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán, todas ellas pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlahuca, quienes se vieron forzadas a abandonar sus casas en 2021.

Cuatro años de exilio y casas quemadas

La crisis se desató en 2021 debido a incidentes de violencia y ataques armados, obligando a los habitantes a huir. Hoy, muchos se encuentran refugiados en Tlaxiaco, donde viven en un albergue o en casas improvisadas.

Los ataques y agresiones a los habitantes de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji “fueron constantes, empezaron desde el día primero de octubre del 2021". La violencia llevó al “desplazamiento forzado interno” y a la quema de casas. Un habitante de Ndoyonoyuji, Modesto Riaño, lamenta que, a diferencia de otros, su comunidad “no ha podido regresar a la comunidad”.

Comunidades indígenas exigen diálogo ante el fracaso del Estado

Las familias desplazadas han emprendido una lucha legal y política para conseguir un regreso seguro, pero aseguran que el diálogo con las autoridades es nulo:

“Aquí el Estado mexicano, pues no ha querido sentarse con nosotros a dialogar, a ver el camino a seguir de cómo asegurar un retorno seguro”, denunció Sebastiana Paz, originaria de Ndoyonoyuji.

La abogada Yetzi Santiago confirmó que hay justicia pendiente, señalando la existencia de la carpeta de investigación 35033, iniciada el 21 de octubre por los hechos de quema de casas en Tlaxiaco.

La gravedad de los hechos captó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2021 emitió una medida cautelar a favor de los afectados, aunque a nivel nacional, la ayuda es insuficiente.

Los que han intentado el arriesgado retorno, como Priscilano Bautista, originario de Guerrero, piden garantías: “Que el gobierno federal nos tome en cuenta, para que así haiga paz y seguridad para nuestra comunidad”.

El caso de San Esteban Atatlahuca es un reflejo de un problema creciente en el país. Aunque no hay cifras oficiales constantes, un estudio de la Universidad Iberoamericana reveló que, en 2024, 28 mil 900 personas fueron desplazadas de sus lugares de origen en México, lo que representa un repunte del 129% en comparación con 2023.