“Opacidad y contradicciones": Destituyen a delegado de la FGR que presumió decomiso histórico de huachicol en Guanajuato

Lo que se presentó en un principio como un golpe histórico contra el crimen organizado ha terminado por convertirse en un enredo institucional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó de manera oficial la destitución de Juan Francisco Vera, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato. La remoción del funcionario ocurre como consecuencia directa de las severas irregularidades detectadas en el operativo realizado en San José Iturbide, donde las autoridades locales reportaron con bombo y platillo el decomiso de 59 millones de litros de combustible.

De acuerdo con lo revelado por el secretario de Seguridad, la propia cúpula de la FGR descubrió fallas graves en el procedimiento y la integración de las investigaciones. La principal anomalía radica en la falta de oportunidad en el reporte: el aseguramiento del hidrocarburo se llevó a cabo dos semanas antes de que fuera informado formalmente a las autoridades superiores, sin haber verificado previamente la legalidad de los permisos ni el origen real del cargamento. Esta falta de rigor técnico y la dilación en el manejo de la información provocaron la pérdida de confianza en la actuación del delegado regional y motivaron su separación inmediata del cargo.

A las irregularidades en el procedimiento se suma una contradicción de fondo que pone en duda la veracidad del supuesto megapilaje. García Harfuch precisó que, hasta el momento, las autoridades federales no han podido comprobar que los 59 millones de litros de combustible asegurados correspondan a producto de procedencia ilícita o huachicol. La investigación sobre la autenticidad del cargamento quedó en manos de la Dirección de Hidrocarburos y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancias que actualmente revisan toda la documentación comercial aportada por las empresas involucradas.

El caso deja al descubierto la falta de coordinación y el descuido con el que se operaba desde la delegación de la FGR en Guanajuato. Mientras el expediente se encuentra bajo una auditoría minuciosa para determinar si existió dolo o negligencia en el operativo, el episodio expone cómo la precipitación por colgarse medallas mediáticas en el combate al robo de combustible puede derivar en vicios de origen que comprometen la aplicación de la justicia y fracturan la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública.