El gran fracaso de la 4T se retrata una vez más en la juventud. El adolescente que mató a dos maestras en Michoacán tiene 15 años. Es decir, tenía siete cuando comenzó a venderse una de las grandes promesas de la llamada Cuarta Transformación: que los apoyos económicos a jóvenes ayudarían a cerrar el paso a la violencia.
Durante años, la narrativa oficial insistió en que programas como las becas ‘Benito Juárez’ y ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ evitarían que niños y adolescentes fueran seducidos por las armas, el poder y el dinero que ofrecen los grupos criminales. La apuesta era que el estudio, el trabajo y un ingreso básico serían suficientes para apartarlos de ese camino.
Pero la realidad es otra. Mientras crecían los programas sociales también se multiplicaron los casos de menores de edad involucrados en asesinatos, desapariciones, cobro de piso, narcomenudeo y reclutamiento criminal.
López Obrador prometió alejar a los jóvenes del crimen
Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los jóvenes tendrían la posibilidad de formarse y recibir un apoyo equivalente a un salario mínimo para no ser presa fácil de la delincuencia. También afirmó que atraerlos al estudio y al trabajo serviría para serenarse el país y garantizar la paz y la tranquilidad.
El supuesto objetivo era evitar que se repitieran historias como la de ‘El Ponchis’, el niño sicario de Morelos que formó parte del Cártel del Pacífico Sur desde los 11 años y participó en secuestros, asaltos y asesinatos, incluidas decapitaciones.
La apuesta morenista planteaba que niños y adolescentes dejarían de ser absorbidos por la violencia criminal. Sin embargo, no frenaron el crecimiento de los grupos delictivos ni evitaron que siguieran captando a menores de edad.
Becas, apoyos y ‘abrazos no balazos’ no frenaron la violencia
La promesa de que las becas y los programas sociales servirían para contener a la delincuencia juvenil terminó chocando con el avance de las organizaciones criminales en el país. Durante los últimos siete años, esos grupos ampliaron su presencia y fortalecieron delitos como narcotráfico, extorsión, robo de carga, secuestro, trata de personas, robo y contrabando de combustible, e incluso tráfico de ganado infestado de gusano barrenador.
Ese crecimiento también obligó a los grupos criminales a ensanchar sus filas. Necesitaban más jóvenes para alimentar sus estructuras, sus células armadas y sus redes de operación. La expansión del crimen fue de la mano con una mayor exposición de adolescentes a ese mundo.
La llamada subcultura ‘belicona’ terminó creciendo al amparo de corrupción e impunidad. En ese contexto, la promesa de que el dinero público por sí solo bastaría para cerrar el paso a los cárteles quedó rebasada por una realidad mucho más violenta.
¿Transformación fallida? Las anomalías en Jóvenes Construyendo el Futuro
Jóvenes engañados, forzados o absorbidos por los cárteles
No todos los adolescentes involucrados en crímenes llegaron ahí por la misma vía. Algunos se convirtieron en criminales por decisión propia, pero otros fueron engañados o forzados por grupos delictivos.
Con una economía que apenas creció 1.5 por ciento en los últimos siete años, las becas y ayudas quedaron como un paliativo incapaz de responder al problema de fondo. Muchos jóvenes buscaron trabajo desesperadamente y terminaron en manos de los cárteles.
Ahí está el caso de los cinco amigos desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, en 2023. Supuestamente serían contratados como guardias de seguridad, pero terminaron muertos. Se decía que eran entrenados por la fuerza para convertirse en sicarios y que uno de ellos mató a sus propios amigos.
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El Rancho Izaguirre confirmó el método de reclutamiento criminal
El horror que parecía extremo terminó por encontrar otra confirmación con el caso del Rancho Izaguirre. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que en ese sitio había crematorios y restos humanos.
Además, señalaron que el Rancho Izaguirre era un campo de exterminio de la delincuencia organizada y ubicaron decenas de prendas, tenis y zapatos. El entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz, lo negó.
Sin embargo, tanto la fiscalía como los colectivos coincidían en un punto central: jóvenes, incluidos algunos menores de edad, eran contactados por TikTok con ofertas de trabajo. Algunas convocatorias eran abiertamente para delinquir; otras eran engañosas. El final era el mismo: terminaban siendo llevados a sitios como ese rancho.
Ese fue el verdadero resultado de las fallidas estrategias para la juventud: en lugar de mentores, muchos menores encontraron a líderes criminales; en lugar de oportunidades, terminaron atrapados por estructuras de violencia.
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La lista de adolescentes involucrados en crímenes siguió creciendo
A los casos ya conocidos se fueron sumando nuevos nombres. Ahí está Víctor Manuel Uvaldo Vidales, de 17 años, señalado como el asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
También está Derek Jair, detenido a los 14 años por asesinato, cobro de piso y narcomenudeo en Paraíso, Tabasco.
Se agrega Cristian Iván, el adolescente de 16 años que mató y desmembró a la niña de 13 años Keila Nicole en Baja California, imitando un capítulo de la serie ‘Dexter’.
La lista incluye a ‘El Danielito’, un joven de 17 años que mató a tres amigos y los desmembró, supuestamente por celos, en Milpa Alta, Ciudad de México.
También están los cinco adolescentes de Otumba, Estado de México, que dispararon desde un vehículo y mataron a Israel, un niño de 12 años.
Y está Martín Alexander, un adolescente de 14 años reportado como desaparecido, que en realidad se había enrolado con un grupo criminal y fue detenido en Elota, Sinaloa.
Ahora, a esa larga relación de jóvenes y adolescentes que matan sin reparar en las consecuencias de sus actos, se suma Omar, el adolescente de 15 años implicado en el asesinato de dos maestras en Michoacán.
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Justicia, edad penal y responsabilidad juvenil
Frente a esta cadena de casos, volvió a abrirse la discusión sobre qué debe hacer el Estado frente a menores de edad involucrados en delitos de extrema violencia.
La propuesta que se desprende de esta realidad apunta a concentrarse en la procuración de justicia y en revisar modelos que endurecen la responsabilidad penal juvenil, como la reforma de Javier Milei en Argentina que bajó la edad penal de 16 a 14 años, o el esquema de El Salvador, donde la responsabilidad penal juvenil comienza a los 12 años.
La pregunta de fondo ya no gira en torno a la promesa de becas o ayudas, sino a la capacidad del Estado para impedir que niños y adolescentes sigan siendo reclutados, usados o convertidos en victimarios dentro de una espiral criminal que no dejó de crecer.
