Mientras México envía ayuda humanitaria a la isla, instituciones como el IMSS firman contratos millonarios con empresas cubanas bajo condiciones de sobrecosto y falta de transparencia.
Contratos con el régimen de Díaz-Canel revelan que el Gobierno de México paga hasta el doble del valor comercial por fármacos oncológicos, a pesar de existir producción nacional.
El escenario actual de intercambio entre ambas naciones presenta una dinámica contradictoria. Mientras que el Estado mexicano realiza donaciones constantes de diversos productos al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel, simultáneamente destina recursos públicos significativos para la adquisición de medicamentos producidos en Cuba.
Bajo el concepto de asistencia humanitaria, México suministra hidrocarburos, víveres, fármacos y diversos suministros médicos para auxiliar a la ciudadanía de Cuba que enfrenta carencias de estos elementos básicos.
No obstante, esta entrega de recursos no es unidireccional. Diversas instituciones del sector salud en México, específicamente Birmex, el IMSS y el ISSSTE, han establecido vínculos comerciales con organizaciones ligadas al sistema político cubano.
Esta situación resulta inusual para especialistas del sector, quienes cuestionan la capacidad de la nación caribeña para posicionarse como un referente en la manufactura de fármacos, señalando que el mérito de su personal sanitario radica en su capacidad clínica para trabajar con recursos limitados.
Adquisiciones con sobreprecio en el sector público
La transparencia en los costos de estos insumos ha generado cuestionamientos. Durante el periodo de 2025, se registraron acuerdos financieros por cantidades de dinero elevadas para obtener productos oncológicos y artículos de curación.
Un caso representativo involucra a la entidad Birmex, la cual efectuó pagos a la compañía Neuronic Mexicana que alcanzaron los 201 millones de pesos. Estas transacciones se centraron en tratamientos como la vincristina.
El análisis de estos contratos revela que se pagó un valor unitario de mil 992 pesos por fármaco. Esta cifra representa el doble del valor comercial que dicho producto tiene en establecimientos farmacéuticos convencionales.
La preocupación aumenta al considerar que existen alternativas de producción local en México para sustancias como la vincristina, lo que hace cuestionable la decisión de importar el producto bajo condiciones económicas menos favorables.
Contratos vigentes y falta de trazabilidad
La red de adquisiciones se extiende a otras dependencias. Durante el transcurso de 2026, el ISSSTE formalizó un pago a la misma empresa mencionada anteriormente por un total de 283,500 pesos para el suministro de ketamina.
Por su parte, el IMSS mantiene un convenio con Neuronic Mexicana que estipula un desembolso base de 54 millones de pesos destinados a la compra de materiales de diagnóstico, insumos de curación y medicamentos diversos.
Neuronic Mexicana opera como una filial de BioCubaFarma, organización cuya oficina central se localiza en La Habana. Las operaciones comerciales han sido avaladas mediante la firma de la empresaria cubana Tania Urquiza.
A pesar de la formalización de estos acuerdos y del flujo de capital hacia las empresas del régimen, organizaciones civiles denuncian una falta de claridad respecto al destino final de los suministros. Hasta el momento, no se cuenta con registros públicos precisos que confirmen la recepción de los productos, las fechas de ingreso al país o las unidades médicas donde supuestamente fueron distribuidos.
