¿La ciudadanía votará sin elegir? Alertan por la “mal llamada” elección judicial
La elección judicial se enfrenta a una fuerte controversia por la presencia de candidatos con antecedentes penales y supuestos vínculos con el crimen organizado.
En el marco de la denominada “elección judicial” en México, el proceso se presenta como una formalidad democrática en la que la ciudadanía sale a votar, pero en realidad no tiene la posibilidad real de elegir a sus representantes en el Poder Judicial.
Esta farsa, según diversos analistas y organizaciones civiles, está diseñada para que Morena, el partido en el poder, consolide su control sobre el sistema judicial, lo que representa un riesgo significativo para la independencia y transparencia del órgano encargado de impartir justicia.
Candidatos cuestionables y riesgos latentes
La preocupación crece a medida que se revelan perfiles preocupantes entre quienes aspiran a ocupar cargos judiciales. La asociación civil “Defensores MX”, liderada por Miguel Alfonso Meza, ha denunciado abiertamente la presencia de candidatos con presuntos vínculos criminales, sumando ya 19 perfiles considerados de alto riesgo; 17 para cargos federales y 2 para juzgadores estatales. De estos, al menos ocho podrían tener nexos directos con el crimen organizado.
Entre los casos más alarmantes destaca Elizabeth Guzmán, exsíndica municipal de Ocampo, Michoacán, quien fue detenida por extorsión y ahora busca ser jueza local. Según Meza, su situación es especialmente grave, ya que fue arrestada estando ya en campaña judicial, lo que pone en tela de juicio el proceso y los filtros para su candidatura.
Vínculos con el Crimen Organizado y Casos Destacados
Algunos candidatos tienen antecedentes penales o vinculaciones con actividades ilícitas de alto impacto:
- Fernando Escamilla Villarreal, abogado del famoso narcotraficante “Z-40", sentenciado por portación ilegal de armas.
- Jesús Humberto Padilla Briones, arrestado y vinculado por posesión de drogas y armas.
- Andrés Montoya, señalado en relación con la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en Sonora.
- Nicollino Cangiamilla, acusado por colectivos feministas de encubrir un feminicidio en prisión, además de recibir apoyo gubernamental para su candidatura.
- Francisco Herrera Franco, apodado “El fiscal del terror”, cuestionado por la desaparición de dos periodistas.
- Leopoldo Javier Chávez Vargas, con antecedentes penales por tráfico de metanfetaminas.
- Otros siete candidatos están vinculados con Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, preso en Estados Unidos por abuso sexual a menores.
Falta de Filtros y Evaluación Efectiva
Miguel Alfonso Meza denuncia que no se ha realizado ninguna evaluación efectiva para detectar estos vínculos peligrosos entre los 3 mil 500 candidatos registrados. Subraya que, aunque su organización ha identificado varios perfiles riesgosos, todavía podrían existir muchos más sin ser detectados.
Dudas y Alarmas a Nivel Estatal
A nivel estatal, también se señalan candidatos polémicos, como Silvia Delgado García en Chihuahua, abogada asociada con Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como la exsíndica Elizabeth Guzmán en Michoacán.
Estos casos refuerzan la percepción de que la reforma judicial promovida por Morena podría estar avalando la entrada de personas con antecedentes cuestionables al sistema de impartición de justicia.
