Por determinación de la Suprema Corte, y de forma provisional, las empresas del sector energético podrán surtirse de gas natural con el proveedor que prefieran y no adquirirlo de forma obligatoria con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como dispuso el Gobierno Federal.
Este miércoles el máximo tribunal del país confirmó el freno impuesto el año pasado por la ahora ministra presidenta, Norma Piña, a la disposición de la Secretaría de Energía para obligar a la iniciativa privada a comprar gas natural a la CFE y Petróleos Mexicanos.
A propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la Primera Sala rechazó por unanimidad los argumentos del Poder Ejecutivo Federal para revocar la suspensión concedida por Piña Hernández a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Corte congeló los oficios de la Sener y Cenegas tras una demanda impulsada por la Cofece
La Corte concluyo que se deben mantener congelados los efectos y consecuencias de los oficios SENER.100/195/2022, con fecha del 13 de junio de 2022, emitido por la secretaria Rocío Nahle; así como el CENAGAS-UGTP/00434/2022 del pasado 27 de junio, éste, emitido por la titular de la Jefatura de Unidad de Gestión Técnica y Planeación del Centro Nacional de Control del Gas Natural.
Fue en 2022 cuando la Cofece promovió la controversia constitucional 158/2022 en contra de los oficios SENER.100/195/2022 y el CENEGAS-UGTP/00434/2022, argumentando que estas órdenes contravenían la libre concurrencia en el mercado del gas natural.
La controversia fue aceptada por la ministra Piña Hernández, ahora presidenta de la SCJN, quien también resolvió que las órdenes de ambas autoridades quedaran sin efecto, hasta que se resuelva el tema de fondo por el tribunal pleno.
Ahora será el ministro Arturo Zaldívar quien elabore una propuesta para resolver la pugna
Piña ordenó que tanto la Sener y el Cenegas “deberán abstenerse de materializar los efectos que derivan de los oficios impugnados, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.
En contra de esta decisión el Poder Ejecutivo Federal promovió un recurso de reclamación, el cual fue votado este miércoles en la Primera Sala, donde se decidió por unanimidad mantener en vigor la suspensión.