La legítima defensa es el escudo legal de los ciudadanos para proteger su integridad, su familia y sus bienes cuando las autoridades tardan en llegar; sin embargo, en Quintana Roo, ejercer este derecho opera en una bruma judicial que castiga a las víctimas y beneficia a los criminales.
Ante el hartazgo social, nace un movimiento para reformar el Código Penal del estado. El objetivo es claro: despejar las lagunas legales y garantizar que la ley cobije a quienes se defienden de un delito.
“No es justo que venga un amante de lo ajeno a tu casa, te quiera agredir, te quiera robar lo que tú has ganado con tanto esfuerzo... ¿y qué pasa?, te defiendes y te quieren llevar a la cárcel”, denunció una víctima de asalto.
¿Cuál es el problema de la legítima defensa en Quintana Roo?
La iniciativa, impulsada desde la sociedad civil y respaldada por legisladores de oposición, señala un problema técnico que pone en riesgo la libertad de los ciudadanos: el llamado “principio de racionalidad” o proporcionalidad de respuesta.
Gustavo Miranda, promotor de la iniciativa, detalla el absurdo de esta norma:
“Lo que buscamos es eliminar el principio de racionalidad, donde en teoría tiene que ser una igualdad de circunstancias. Si alguien te ataca con un arma física, en teoría solo te puedes defender con la misma medida con la que te ataca”.
Esta ambigüedad jurídica deja a las personas en total indefensión frente a criminales que operan con armas de fuego o en grupos, superando en número a las víctimas.
Certeza jurídica frente al crimen organizado
Para Ernesto Sánchez, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), la ley actual resulta obsoleta ante la realidad de violencia que azota a la entidad.
“Ante estos organismos delictivos, ¿cómo te vas a defender como ciudadano? Es casi imposible, porque la ley es ambigua y estás indefenso”, sentenció el legislador.
Los dueños de negocios y trabajadores exigen certeza inmediata. Demandan que el marco legal los proteja desde el primer momento, sin someterlos a procesos penales por repeler agresiones en sus propios establecimientos.
“Se les hace fácil llegar y decir ‘me lo llevo, lo tomo’, y si te defiendes vas detenido... ¿Por qué? Él vino a mi negocio, a mi casa, me agredió", cuestionó otro testimonio anónimo.
La reforma busca reforzar el derecho fundamental a la supervivencia y al patrimonio, para que ninguna persona pierda su libertad por defender el fruto de su trabajo frente a delincuentes que el Estado no logra detener.
