Un grupo de ciudadanos y transportistas denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confisca autos bajo supuestos reportes de hurto para posteriormente pintarlos y entregarlos a funcionarios públicos de la entidad, un caso que revela una práctica irregular y admitida por el propio gobernador local, Salomón Jara, donde los carros bajo investigación —por haber sido robados— son desviados de su proceso legal en lugar de ser devueltos a sus legítimos dueños.
Esta situación, que afecta directamente a los propietarios de los autos robados o asegurados, revela un abuso de autoridad y desvío de recursos. Sin embargo, gracias a la denuncia ciudadana y a las exigencias de transparencia hacia las autoridades, se podrá saber el estado sobre el destino de los carros en corralones oficiales.
¿Qué detonó la denuncia ciudadana por los carros robados?
El decomiso irregular y entrega e un taxi confiscado a un funcionario público, fue lo que destapó la red de autos robados, pues policías de la Fiscalía retiraron el carro a su dueño argumentando reporte de robo. Luego, la unidad fue sacada del corralón, repintada y asignada para el uso de un comisionado municipal, hecho que fue recientemente reportado a través de redes sociales y documentado por Azteca Noticias.
Este incidente, que involucra al estado de Oaxaca, se vincula directamente con las bodegas o corralones de la Fiscalía de la entidad y el municipio de Mazatlán Villa de Flores, donde el taxista aseguró que a pesar de haber solicitado formalmente la devolución de su herramienta de trabajo, el Fiscal estatal se negó a entregárselo.
Sin embargo, el auto fue captado en circulación siendo manejado libremente por Heriberto Porras, comisionado de Mazatlán Villa de Flores.
¿Qué dijo el gobernador de Oaxaca ante el robo de autos?
El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, aceptó públicamente que él mismo solicita al fiscal general de Oaxaca e préstamo de autos decomisados o en depositaría para asignarlos a los presidentes municipales, con la justificación de que las entidades solicitan apoyo de transporte, pero que las administraciones locales no cuentan con presupuesto suficiente para carros nuevos, Asimismo, las autoridades estatales confirmaron que las unidades entregadas a los servidores públicos se encuentran vinculados de manera activa a carpetas de investigación vigentes.
