Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial de Baja California, que elimina al Consejo de la Judicatura estatal y faculta al gobernador Jaime Bonilla a enviar su propuesta al Congreso del estado para designar a magistrados locales, se mantendrá congelada hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva en definitiva sobre el tema.
Este miércoles, la Segunda Sala del máximo tribunal del país desechó por unanimidad un recurso de reclamación del Poder Ejecutivo baja californiano en contra del freno a las modificaciones legales para ampliar los poderes de Bonilla sobre la justicia estatal.
Sin mayor discusión, los integrantes de la Sala respaldaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien propuso a sus colegas rechazar los argumentos presentados por el gobernador de Baja California para intentar revertir el freno a la reforma judicial local.
El ministro Alberto Pérez Dayán ya había concedido una suspensión al Poder Judicial local
El año pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión al Poder Judicial local al considerar que se violenta la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, la cual deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados que establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de esos juzgadores.
“De no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para los Magistrados Supernumerarios, los Consejeros que forman parte del Pleno del Consejo de la Judicatura y en general de los servidores públicos que integran el Poder Judicial actor, así como de la sociedad al afectarse el acceso a la justicia, de manera completa, imparcial y sobre todo pronta y expedita”, expuso Pérez Dayán.
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El Poder Judicial de Baja California promovió ante la Corte una controversia constitucional para pedir la anulación de reformas a 22 artículos de la Constitución de Baja California, publicadas el 19 de octubre y que entrarían en vigor el 18 de diciembre. La suspensión validada este miércoles por la Corte se mantendrá vigente hasta que el máximo tribunal resuelva este tema, lo cual podría ocurrir hasta finales de año.
