Familias demandan al gobierno de Trump por muertes en ataque a supuesta “narcolancha”

Familiares de dos hombres que murieron durante un ataque de Estados Unidos contra lo que supuestamente era una "narcolancha", presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, al acusar que la operación fue parte de una campaña militar ilegal contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.

De acuerdo con Reuters, el recurso legal fue presentado en una corte federal de Boston y representa el primer desafío judicial contra una de las decenas de operaciones con misiles autorizadas por la administración Trump contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

La querella sostiene que las víctimas no participaban en hostilidades armadas y que su muerte constituye una ejecución extrajudicial bajo el derecho internacional.

Según la demanda citada por Reuters, las víctimas son Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, ambos originarios de Trinidad y Tobago. Los dos hombres se dedicaban a labores de pesca y trabajo agrícola en Venezuela .

El 14 de octubre, la embarcación en la que viajaban fue atacada por un misil estadounidense cuando regresaban a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad. En el ataque murieron seis personas en total.

Los familiares sostienen que no existía justificación alguna para el uso de fuerza letal y que la lancha no representaba una amenaza militar para Estados Unidos .

El recurso fue presentado por Lenore Burnley, madre de Chad Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, con el apoyo de la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights.

Los abogados interpusieron la demanda bajo la Death on the High Seas Act, que permite reclamar por muertes ocurridas en aguas internacionales, así como bajo el Alien Tort Statute, una ley de 1789 que faculta a ciudadanos extranjeros a demandar en tribunales estadounidenses por violaciones al derecho internacional.

El litigio busca únicamente una compensación económica por las muertes y no pretende frenar futuros ataques, aunque podría abrir la puerta a que un tribunal evalúe la legalidad del operativo del 14 de octubre.

“Si el gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo mal, debió arrestarlo y procesarlo, no matarlo”, afirmó Sallycar Korasingh en un comunicado citado por Reuters, al exigir que las autoridades rindan cuentas.

En respuesta, la Casa Blanca defendió el ataque. La vocera Anna Kelly aseguró, en declaraciones retomadas por Reuters, que la operación fue dirigida contra “narcoterroristas designados” que transportaban drogas hacia Estados Unidos .

La administración Trump ha justificado estos ataques como parte de una “guerra” contra los cárteles del narcotráfico, bajo la dirección del secretario Pete Hegseth, y sostiene que las acciones cumplen con las normas del derecho de guerra.

La estrategia ha generado cuestionamientos dentro del Congreso de Estados Unidos , incluidos legisladores demócratas y algunos republicanos, ya que no se han autorizado formalmente acciones militares contra cárteles.

Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han advertido que los grupos criminales no cumplen con la definición internacional de “grupo armado”, lo que pondría en entredicho la legalidad de las operaciones.

De acuerdo con datos citados por Reuters, al menos 126 personas han muerto en 36 ataques con misiles realizados desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, incluidos diez casos en los que se presume la muerte tras suspenderse las labores de búsqueda.