Lima, Perú.- Pedro Chávarry asumió el viernes como nuevo fiscal general de Perú, pese a que horas antes de su juramentación fue vinculado con la misma trama de tráfico de influencias en el sistema de justicia que el día anterior llevó a la renuncia de las autoridades del Poder Judicial.
El portal de Internet IDL-Reporteros difundió la noche del jueves un audio de una conversación telefónica en el que se escucha a Chávarry presuntamente coordinando favores mutuos con un juez y también para separar a colegas “molestos” de un organismo de capacitación de jueces.
En su discurso tras asumir el cargo hasta el 2021, Chávarry negó enfáticamente cualquier relación con esas denuncias: “Me veo en la obligación de decirle a la comunidad, no sólo al Ministerio Público, que quien les habla es una persona que siempre ha mantenido una imagen de respeto (...) y que nunca se va a ver envuelto en cuestiones turbias de ninguna naturaleza”, aseguró.
Asimismo cuestionó que la difusión de las conversaciones ha golpeado “el prestigio” de la institución y todo el sistema judicial, aunque hayan sido grabadas legalmente por la policía como parte de una investigación por otro caso criminal.
“No permitiremos interferencia de ninguna clase. Seremos celosos de la autonomía institucional”, afirmó Chávarry.
La grabación fue registrada en febrero, cuando era presidente de la Academia de la Magistratura, según IDL-Reporteros. En el diálogo, se escucha una voz atribuida a Chávarry hablando con el juez supremo César Hinostroza, quien fue suspendido hace unos días en medio del escándalo judicial.
Chávarry anticipó que hará correctivos a las pesquisas de casos “emblemáticos” de corrupción y que empleará toda la fuerza para combatir “la criminalidad de cuello blanco”.
Aunque no lo mencionó, la mayor investigación de corrupción que está en curso es contra la constructora brasileña Odebrecht, la cual estaría presionando a fiscales peruanos para cerrar un acuerdo de colaboración que le otorgaría garantías legales más amplias, algo que podría obstaculizar las indagaciones.
Luego de una masiva marcha el jueves contra la corrupción en el sistema de justicia, el viernes al menos unas 1.000 personas protestaron en la localidad andina de Sihuas, en la región de Ancash, según imágenes difundidas por televisión.
Un grupo ingresó a la sede del Poder Judicial y la fiscalía de la zona, sacaron computadoras, escritorios y expedientes judiciales y los quemaron en la pista, dijo a Reuters por teléfono la suboficial de la policía Silvia Bolaños.
La crisis estalló hace dos semanas cuando comenzaron a difundirse en medios locales audios telefónicos de jueces que parecían pactar ascensos y sentencias para ayudar a criminales y hasta a una persona acusada de violación.
La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, había solicitado por Twitter anular la elección de Chávarry y optar por un fiscal “intachable”. “La conversación con Hinostroza es gravísima y demuestra que debe ser investigado, y que mintió", dijo Aráoz, también legisladora del partido oficialista.
Otros políticos también se habían sumado al pedido de que Chávarry no asumiera el cargo, pero la fiscalía es un organismo autónomo y sólo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), implicada también en el escándalo, puede removerlo.
En la juramentación no participó el presidente Martín Vizcarra pese que en ceremonias de ese tipo es habitual la asistencia de los jefes de Estado. No obstante, sí estuvo el presidente del Congreso y legislador opositor, Luis Galarreta.
