Jesús Ramírez Cuevas convirtió un decreto presidencial que se vendió como justicia social en una operación política sin sustento jurídico ni respaldo financiero, cuyo costo terminará pagando el erario durante décadas.
La llamada compensación vitalicia para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro no cerró una deuda histórica, como se vendió inicialmente, sino que abrió un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, así lo plasmaron en el libro “Ni venganza ni perdón” de Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra.
Un programa presentado como reparación histórica
El decreto publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue anunciado como una respuesta para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.
La desaparición del organismo, decretada durante el sexenio de Felipe Calderón, afectó a más de 45 mil trabajadores, de los cuales cerca de nueve mil no alcanzaron jubilación. Aunque la mayoría aceptó su liquidación conforme a la Ley, un grupo disidente permaneció en resistencia fuera de la estructura formal del SME.
Con la llegada de Morena al poder, ese conflicto encontró un nuevo cauce político. Jesús Ramírez Cuevas, cercano colaborador de López Obrador y figura central de la narrativa oficialista, asumió el papel de intermediario entre esos extrabajadores y el Ejecutivo, no para cerrar el conflicto, sino para capitalizarlo políticamente.
Un pasivo millonario sin sustento legal ni financiero impulsado por Jesús Ramírez
De acuerdo con el estudio actuarial del INDEP, el esquema de compensación vitalicia generará un pasivo acumulado de casi 27 mil millones de pesos hacia 2086.
Para dimensionar el impacto, con ese monto podrían construirse al menos 150 hospitales de primer nivel en un país que carece de un digno sistema de salud.
Beneficiarios del decreto de Jesús Ramírez Cuevas y sus prebendas millonarias
Aquí los hechos hablan por sí mismos, cada beneficiario recibe un monto mensual vitalicio, un pago anual adicional y un seguro de vida por 350 mil pesos, configurando un esquema que rebasa cualquier lógica de compensación laboral. La Secretaría de Gobernación coordina el programa y el INDEP lo ejecuta, aunque ambos han reconocido la insuficiencia de recursos para sostenerlo.
¿Cómo la justicia social se convirtió en clientelismo político en México?
La improvisación quedó expuesta con la fe de erratas del 29 de agosto de 2022, que amplió los criterios de elegibilidad para incluir a personas previamente liquidadas. El ajuste respondió más a presiones políticas que a criterios técnicos, profundizando la fractura interna del SME y obligando al gobierno a defender una justicia social mal construida.
No pasó mucho tiempo antes de que los beneficiarios del decreto aparecieran en actos públicos y campañas electorales, particularmente en apoyo a Clara Brugada, confirmando que el programa también funcionó como moneda de cambio político.
Jesús Ramírez Cuevas: del sindicalismo independiente al corporativismo político
El caso marcó un giro ideológico en Jesús Ramírez Cuevas. Quien durante años defendió el sindicalismo independiente terminó operando bajo el viejo esquema corporativista del PRI: apoyo político a cambio de beneficios económicos.
Desde la vocería presidencial, abusó del encargo público para posicionar aliados, intervenir en la vida sindical y fortalecer proyectos electorales afines.
Irregularidades y costos ocultos del decreto de Jesús Ramírez Cuevas: pasivo millonario y parálisis institucional
A la compensación vitalicia se suman la condonación de cartera hipotecaria, la cesión gratuita de inmuebles y otros costos absorbidos por el INDEP. La falta de coordinación entre SENER, Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto Público mantiene inconcluso el proceso de liquidación desde 2017.
Lo que debería haber sido un programa de reparación laboral se transformó en un sistema de prebendas y clientelismo que consume recursos públicos sin límite ni control. Con 7 mil beneficiarios, miles de millones gastados y beneficios vitalicios otorgados sin planeación, el decreto de Jesús Ramírez Cuevas deja claro que la justicia social se subordinó a intereses políticos, mientras el erario y las instituciones quedan atrapados en una parálisis que nadie se atreve a resolver.
