Una pequeña atraviesa actualmente una severa crisis de salud mental y física tras haber sido víctima de una agresión. Pese a que el presunto responsable, un individuo de 25 años, fue capturado gracias a la intervención civil y la denuncia inmediata de la menor a su abuela, la familia denuncia un abandono institucional total y una serie de irregularidades que amenazan con dejar el caso en la impunidad.
Estrella Garnica, madre de la pequeña, reveló que su hija padece secuelas graves como falta de apetito y episodios agudos de ansiedad. La situación se torna más crítica debido a que la niña tiene antecedentes de encefalitis y padece lupus activo; de hecho, el ataque ocurrió el mismo día en que la menor recibió el alta médica del hospital.
A pesar de la vulnerabilidad de la víctima, la madre asegura que hasta el momento no han recibido ningún tipo de soporte psicológico o acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales para tratar el trauma de Alicia.
Irregularidades en la audiencia: No toman en cuenta video de la agresión
El proceso legal ha estado marcado por obstáculos informativos y deficiencias en la presentación de evidencias. Durante la audiencia realizada el 5 de marzo, la madre fue notificada del cambio de horario con apenas os horas y media de antelación, lo que le impidió asistir personalmente.
En su representación acudió la tía de la menor, Citlalli, quien detectó que el expediente estaba incompleto. Según el testimonio, el juez desestimó la petición de auxilio inicial argumentando que nadie la solicitó, a pesar de que existe material audiovisual donde se escucha claramente el pedido de ayuda a los agentes.
Asimismo, se denunció que el abogado de oficio asignado no conocía los detalles del expediente, justificando su desconocimiento bajo el argumento de que el caso le fue entregado de manera imprevista. Entre las omisiones más graves destaca que no se incluyeron los reportes sobre el estado de intoxicación del agresor ni el video captado por una cámara de seguridad local, el cual es considerado por la familia como la prueba fundamental del delito.
Obstáculos policiales y riesgo de liberación del presunto agresor
Estrella Garnica relató que, en el momento de la detención, los elementos de seguridad intentaron evitar que se obtuviera el video de la tienda donde ocurrieron los hechos, restándole importancia a dicha evidencia. Fue gracias a la insistencia de la madre que un empleado del establecimiento le compartió la grabación de forma externa. Actualmente, la fiscalía sostiene que el material se encuentra en análisis forense, pero no han brindado mayores detalles al respecto.
La preocupación de la familia aumenta ante la advertencia de que disponen únicamente de un mes para recolectar y entregar todas las pruebas necesarias. De no lograrlo en el plazo de 30 días, el acusado podría recuperar su libertad mediante el pago de una reparación de daños.
Ante la falta de respuesta y el temor de que el testimonio de la menor sea ignorado, familiares y ciudadanos han decidido realizar cierres de vialidades como medida de presión para exigir que las autoridades actúen con justicia y no permitan que el agresor evada su responsabilidad penal.