La relación entre el oficialismo y un grupo de comunicadores afines volvió a encender el debate público luego de que se difundiera un video que acusa a varios personajes cercanos a la llamada “Cuarta Transformación” de beneficiarse con contratos públicos, cargos gubernamentales y presuntos pagos provenientes del erario mientras operan como defensores mediáticos del movimiento.
El material, presentado por el periodista Irving Pineda, sostiene que el ascenso de Morena al poder estuvo acompañado por la consolidación de una red de “propagandistas” que participan activamente en conferencias mañaneras, redes sociales y plataformas digitales para defender al gobierno, atacar opositores y desacreditar a periodistas críticos.
Señalan a comunicadores afines por recibir contratos y recursos públicos
Entre los nombres mencionados aparece Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, a quien se le atribuyen contratos por más de dos millones de pesos anuales. El video incluso recupera momentos en los que agradece públicamente al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas durante conferencias oficiales.
También se menciona a la revista Polemón, ligada a César Octavio Huerta y Jorge Gómez Naredo, que habría recibido recursos del IMSS Bienestar en 2025. Otra de las referencias apunta a “El Chapucero”, cuyo medio supuestamente obtuvo contratos millonarios sin licitación.
La polémica no se limita a medios digitales. Según el reporte, algunos influencers y youtubers cercanos al movimiento también habrían sido favorecidos con plazas, contratos o cargos públicos. Entre ellos se menciona a Juncal Solano, señalada por recibir un sueldo como regidora en Tonalá, Jalisco, mientras mantiene una intensa actividad en redes sociales defendiendo al oficialismo.
Reuniones con Morena y acusaciones de “coreografía política”
Otro de los puntos que más ruido generó fue la presunta reunión entre creadores de contenido afines al gobierno y dirigentes de Morena para coordinar estrategias de comunicación y posicionamiento político.
En el video se menciona la participación de Luisa María Alcalde en encuentros con influencers y comunicadores cercanos al movimiento, donde se habrían delineado narrativas para responder a críticas y golpear políticamente a la oposición.
Además, se citan casos como el del caricaturista Rafael Pineda, ligado a la revista El Chamuco, cuya empresa habría obtenido contratos millonarios en distintos gobiernos y dependencias.
Crece el debate sobre publicidad oficial y libertad de expresión
Las acusaciones reavivaron la discusión sobre el uso de recursos públicos en comunicación social y el papel de medios afines al gobierno. Mientras críticos consideran que existe una estructura de propaganda financiada indirectamente por instituciones públicas, simpatizantes del movimiento sostienen que se trata de una estrategia para contrarrestar a medios tradicionales que, aseguran, históricamente operaron con intereses políticos y económicos.
Por ahora, ninguna de las personas señaladas ha respondido formalmente a todas las acusaciones expuestas en el video, pero el tema ya volvió a colocar bajo los reflectores la cercanía entre ciertos comunicadores digitales y el poder político en México.
