Área de Investigación de Azteca Noticias
LA NUEVA LEY DE CANNABIS
El 10 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general los cambios en la regulación de la marihuana que fueron aprobados en noviembre pasado por el Senado.
La nueva ley es el resultado de dos procesos diferentes. Por un lado, la actual crisis de seguridad ha obligado a repensar la manera en que se enfrenta el complicado asunto de las drogas. Bajo la influencia norteamericana, México adoptó una política que buscó eliminar el consumo de la marihuana mediante la prohibición desde los años treinta. Además de vender, producir o transportar, consumir marihuana se convirtió en un delito que implicaba penas como la cárcel.
Sin embargo, esta política no ha tenido los resultados esperados. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, entre los años 2011 y 2016 el consumo de marihuana alguna vez en la vida pasó de 6 % a 8.6% de la población total.
CRIMEN Y CASTIGO
Además, recluir personas por la simple posesión de marihuana pone presión adicional sobre el sistema de justicia y las cárceles mexicanas, de por sí sobre pobladas. Según datos del INEGI[1], en 2018 se registraron 31 338 delitos relacionados con drogas a nivel nacional, de los cuales 84.7% correspondieron a delitos de narcomenudeo y 15.3% a delitos contra la salud. De los delitos registrados como narcomenudeo, 82.7% fue por posesión simple de narcóticos (no comercio o suministro de drogas). De hecho, en 2018, alrededor de 80% de los adolescentes fueron imputados por la tenencia de cannabis. Finalmente, al cierre de 2018, 44% de los delitos asociados con narcóticos cometidos por la población adulta privada de la libertad en los centros penitenciarios estatales no habían recibido sentencia.
Por otro lado, esta nueva ley también se desprende de la defensa de la libertad de las y los mexicanos. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, cinco veces (Amparos en Revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018), que había artículos en la Ley General de Salud (235, 237, 245 fracc. I y 247) que violaban el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, en 2018 la Suprema Corte concluyó que la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la marihuana es inconstitucional, y emitió un acuerdo relativo al procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018.
DESPENALIZAR, MÁS NO LEGALIZAR
En consecuencia, los diputados y senadores tenían que hacer los cambios a ciertas leyes. En realidad, estos cambios debieron haber ocurrido en octubre de 2019, pues ese había sido el plazo que la Suprema Corte le dio al Congreso; sin embargo, la SCJN otorgó prórrogas al legislativo, recorriendo el plazo al 30 de abril de 2020, después, al 15 de diciembre de 2020 y ahora hasta que terminara el primer periodo de sesiones del 2021.
O sea que la nueva ley responde a la necesidad de un cambio de paradigma en relación con el cannabis en el contexto de una seguridad y a una libertad fundamental de las personas.
Ahora, lo primero que hay que decir es que no se está legalizando la marihuana; sino descriminalizando su consumo. La legalización implica la eliminación total del ámbito del derecho penal de cualquier delito relacionado con alguna de las actividades inherentes al cannabis. Eso no pasó. La ley tampoco es, estrictamente, una despenalización, porque todavía hay penas de prisión para algunas actividades relacionadas con la marihuana. Lo que sí sucedió fue una descriminalización de la marihuana. Es decir, las faltas relacionadas con consumo y posesión del cannabis son, en general, de carácter administrativo (multas, por ejemplo).
Lo más destacado es que la cantidad de cannabis permitida para uso personal pasó de 5 a 28 gramos; quien quiera portar más tendrá que obtener un permiso. La nueva ley habla de cinco tipos de licencias que dará el recién creado Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis: cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación. A diferencia de las iniciativas previas, ahora cualquier empresa o persona sí podrá tener más de un tipo de licencia, lo que permitirá la integración de todo el ciclo económico del cannabis. Algunos temen que esto podría dar lugar a que grandes consorcios acaparen el mercado.
Como “medida de justicia social”, se estipuló que al menos 40% de las licencias de cultivo a se darán a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones o características resultaron afectados por el sistema prohibitivo durante los primeros cinco años de la ley.
[1] Comunicado del Prensa Nun.282/20, 24 de junio de 2020. PÁGINA 1/2
