Comisiones avalan “plan B” electoral entre críticas de la oposición; pasa al Pleno

La discusión sobre la reforma electoral volvió a encender el debate en San Lázaro. Con posturas encontradas y un ritmo ágil en tribuna, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados dieron luz verde al llamado “plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, abriendo la puerta a una votación clave en el pleno.

En una sesión que se extendió por poco más de dos horas, el dictamen fue aprobado con el respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. En total, se contabilizaron 60 votos a favor frente a 13 en contra, provenientes principalmente del PRI y el PAN.

El documento, que ya había sido avalado previamente en el Senado, será discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo choque de posturas con la presentación de reservas y votos particulares.

Desde la mayoría, la narrativa fue clara: reducir gastos y eliminar excesos en el aparato electoral. La diputada Lilia Aguilar Gil defendió que la iniciativa busca terminar con los privilegios en organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que actualmente consejeros cuentan con percepciones superiores a las de la titular del Ejecutivo.

En la misma línea, Carmen Bautista sostuvo que la reforma cuestiona prácticas que durante años fueron vistas como normales, aunque implicaran un uso poco eficiente de los recursos públicos. Según explicó, los ajustes planteados podrían generar ahorros superiores a los 4 mil millones de pesos, recursos que —aseguró— podrían redirigirse a infraestructura municipal y necesidades sociales.

Para el legislador Humberto Aldana, el fondo del dictamen radica en consolidar un modelo de austeridad republicana que haga más eficiente el gasto público y deje atrás esquemas de “ostentación”.

Del otro lado, la oposición encendió las alertas. El priista César Domínguez cuestionó la falta de estudios que respalden los supuestos ahorros y advirtió que la propuesta podría ser una “cortina de humo” frente a otros problemas nacionales.

Asimismo, Emilio Suárez Licona señaló que el plan representa un intento de debilitar la arquitectura institucional y el federalismo, al imponer límites desde el ámbito federal a los congresos locales.

Desde el PAN, Noemí Luna coincidió en que la reforma no garantiza ahorros reales y advirtió posibles inconsistencias en su redacción, además de cuestionar la uniformidad de las medidas en municipios con realidades distintas.

Aunque Movimiento Ciudadano expresó dudas sobre el alcance de la reforma, finalmente acompañó el dictamen con su voto, inclinando la balanza a favor de su aprobación en comisiones.