La oposición mexicana ha cerrado filas contra lo que consideran un atentado directo a la democracia y un atropello a la Constitución. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de autorizar el congelamiento de cuentas bancarias sin una orden judicial, legisladores del PRI y del PAN advierten que México ha dado un paso decisivo hacia la consolidación del autoritarismo.
Para los líderes parlamentarios, la Corte ha dejado de ser un contrapeso para ponerse al servicio del gobierno en turno, facilitando herramientas que, aseguran, serán utilizadas para presionar, atacar y perseguir a los adversarios al régimen, violando flagrantemente la presunción de inocencia.
El "despropósito" de la sospecha: La sombra de Venezuela
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, insistió en que este modelo de sanciones "solo por sospecha" es una calca de lo que ocurre en regímenes autoritarios. "Ya sabemos cómo funciona, igual que en Venezuela. El poder cancelar las cuentas y aplicarte sanciones es peligroso para la democracia en México", sentenció.
El nuevo golpe de la Suprema Corte: Congelar cuentas a través de la UIF sin una orden
Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, calificó la medida como un retroceso grave al Estado de derecho y una estocada a la certeza jurídica sobre el patrimonio de los ciudadanos. La preocupación central es el fin del control judicial: la Carta Magna establece que nadie puede ser molestado en sus bienes sin un mandato escrito de un juez, un principio que hoy ha quedado pulverizado.
El fallo de la SCJN: Bloqueo de cuentas sin control judicial
La controversia surge a raíz de la resolución de la Suprema Corte que declaró constitucional el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. En una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal del país determinó que la UIF tiene la facultad de actuar de manera unilateral cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, eliminando el requisito de una orden emitida por un juez.
Esta medida fue impugnada originalmente por senadores de oposición, quienes advirtieron que otorgar este "superpoder" a una autoridad administrativa viola principios fundamentales como el debido proceso, la audiencia previa y la seguridad jurídica. Con el aval de la Corte, el brazo fiscalizador de Hacienda tiene ahora el camino libre para inmovilizar activos sin supervisión judicial, un precedente que, según analistas y legisladores, deja al ciudadano en un estado de indefensión total frente al poder del Estado.
