El llamado “Plan B” de la reforma electoral vuelve a encender el debate público, no sólo por los cambios administrativos que propone, sino por el impacto directo que podría tener en la competencia política y en derechos previamente conquistados.
Aunque el discurso oficial insiste en la reducción de costos y privilegios, el alcance de la iniciativa va mucho más allá de un ajuste presupuestal.
Plan B abre la puerta a promover el voto desde el poder en revocación
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación al mecanismo de revocación de mandato. La propuesta permitiría que la persona sujeta a este ejercicio, incluida la Presidencia, pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.
Este cambio rompe con la lógica original de la figura, diseñada como un instrumento ciudadano para evaluar al poder, no como una plataforma desde el poder mismo. A esto se suma la posibilidad de que la consulta coincida con la elección federal de 2027, lo que podría diluir la naturaleza de ambos ejercicios y generar tensiones en términos de equidad en la contienda.
Paridad en riesgo y rediseño del poder local
Otro foco de crítica se centra en la eliminación del principio de paridad en sindicaturas y regidurías a nivel municipal. La diputada Kenia López Rabadán calificó esta omisión como un “grave error” y advirtió que, de no corregirse, se estaría atentando contra un derecho histórico de las mujeres, conquistado apenas en 2019.
En el ámbito municipal, la reforma también plantea una reducción en la integración de los ayuntamientos: menos regidurías y una sola sindicatura por municipio. Si bien la medida busca disminuir lo que el gobierno denomina “renta política”, también implica una menor pluralidad en los cabildos, lo que podría traducirse en menos voces y contrapesos en la toma de decisiones locales.
Austeridad vs. concentración de poder
El Plan B establece límites estrictos al gasto legislativo y electoral, como el tope del 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales y un recorte progresivo del 15% en el Senado. También elimina prestaciones como seguros y bonos, además de reforzar que ningún funcionario gane más que la Presidencia. Estas medidas responden a una demanda social de austeridad, pero no necesariamente garantizan una mejora en la calidad democrática.
La iniciativa también prohíbe la reelección inmediata de diputados locales, limita candidaturas de familiares y busca evitar redes de poder. Sin embargo, en conjunto, los cambios plantean una reconfiguración del sistema político donde el argumento del ahorro convive con decisiones que pueden impactar la representación, la competencia electoral y el equilibrio entre actores políticos.
