AYUDA HUMANITARIA
10 octubre, 2019
Maxi Pelaez
Politica - Notas
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Catalogan como delito electoral el condicionamiento de ayuda humanitaria

Habrá cárcel de hasta nueve años a quien condicione la ayuda a cambio de votos.

Cd. de México.- Con 394 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó ampliar el catálogo de delitos electorales, incluyen, se sancionará con cárcel de hasta 9 años a quien condicione la ayuda humanitaria a cambio de votos de un partido o de un candidato.

De acuerdo a la reforma a la Ley General en materia de Delitos Electorales, incurrirá en dicho delito los servidores públicos, de partidos o candidatos a puestos de elección popular que condicionen la entrega de ayuda temporal o inmediata de alimentación, aseso personal, atención médica, transporte, alojamiento o vivienda a la población afectada por un fenómeno perturbador a cambio de votos o solicitar el sufragio.

El servidor público que condicione la entrega de ayuda humanitaria a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición, o pida no votar se impondrá una sanción de 2 a 9 años de prisión.

También contempla hasta 9 años tras las rejas al servidor público que, durante el proceso de consulta popular, condicione la entrega de bienes de ayuda a cambio de votar a favor de una opción estipulada en dicha consulta.

Los diputados también avalaron imponer de 2 a 6 años de cárcel a los funcionarios partidistas o candidatos que soliciten el sufragio por la entrega de ayuda humanitaria.

Pero en términos generales la reforma a Ley General en materia de Delitos Electorales establece que irá a prisión de 6 meses a 3 años la persona que condicione la entrega de la ayuda a la población necesitada.

“Con esta reforma pretendemos lograr que haya un cambio radical en el comportamiento de quienes hoy usando una etiqueta de servidor público se sirven de este tipo de bienes de ayuda humanitaria...Tenemos la obligación de hacer que las leyes impidan que haya quienes obtengan un lucro o un beneficio. Se sancione a quien pretenda hacerlo, más aún a quien pretenda beneficiar a una causa política”, señalo María del Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia al fundamentar el dictamen que se turnó al Senado para su validación.

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