Cd. de México.- La propuesta de alcanzar una reforma del Estado y del Sistema electoral apegada a la austeridad que impulsa el gobierno federal, dividió posturas entre legisladores, fiscalistas y expertos en derecho electoral.
Para algunos legisladores de Morena, como Sergio Carlos Gutiérrez, coordinador del grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, propone que la austeridad se eleve a rango constitucional, con el fin de ponerle freno al dispendio en la esfera del poder.
“Tendría mucha eficacia en la realidad y en el actuar del gobierno... Para los poderes tradicionales; Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ejercicio de su gasto también sería un principio rector que incidiría en los procesos de responsabilidad, en los procesos de responsabilidad se ponderaría el principio de austeridad para determinar la conducta y calificarla, en los órganos autónomos seria ll mismo, aplicaría a la hora de revisar sus gastos, como por ejemplo, los gastos viáticos de los que a veces se abusa”, explicó el legislador.
No obstante, algunas voces del Instituto Nacional Electoral el incluir la a palabra austeridad como un principio a cumplir en la carta magna, es viable, no obstante, aclaran que en el caso de los procesos electorales el principio de certera y eficiencia van de la mano.
Por lo que plantean que la austeridad se dirija hacia el uso de recursos que ejercen los servidores públicos.
“Es necesario que se aterrice en una ley, una ley que señale, precisamente, el limitar el despilfarro, el dispendio de los recursos...Debe tener como mínimo lo siguiente; prohibición a mandos medios y superiores de teléfonos celulares, remodelación de oficinas, uso de vehículos oficiales, gastos de alimentación, límites y regulación de viajes nacionales e internacionales, prohibición o limites concretos a gastos de orden social, congresos, exposiciones, limites a trasferencias o adecuaciones presupuestales internas, un temas muy importante, prohibición de trasferencias o adecuaciones presupuestales de Programas estratégicos a programas administrativos, prohibición de crear nuevos fideicomisos”, acusó Jesús George Zamora, contralor del INE.
Para otros, como Rafael estrada Michel, director general del instituto de la judicatura federal, señaló que “en el caso de las elecciones el principio de certeza debe quedar estrictamente satisfecho, a partir de la aplicación de los otros principios, Una elección que sea excesivamente costosa que no respete el principio de econoamía, que no respete el principio de eficiencia pues, no es una elección que por más que haya cumplido con el objetivo de la certeza, no es una elección que nos pueda tener satisfechos, precisamente, porque no hizo convivir los principios, fue reglística, redujo el derecho a la ley, pero no cumplió con los principios”.
