¿Cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos sabido la verdad a tiempo? A tres semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico , la tragedia deja una lección dolorosa: en México, la información no es solo un derecho, es una herramienta de supervivencia que el gobierno ha decidido bloquear.
Bajo el sello de “Seguridad Nacional”, las grandes obras del sexenio se han blindado contra el escrutinio público. Pero este muro de silencio tiene un costo que va más allá del dinero: se paga con vidas humanas.
Accidente del Tren Interoceánico: La información salva vidas
Para Martha Tudón, investigadora de Artículo 19, no se necesitan pretextos para exigir cuentas. La transparencia funciona como una alerta temprana. Si los expertos tuvieran acceso a los planos, costos y dictámenes de seguridad antes de que ocurran los accidentes, se podrían prevenir desastres.
“La información puede servir incluso para salvar vidas... no necesitamos una justificación para querer acceder a ella”, sentenció.
El costo humano de la corrupción
Cuando se ocultan datos, se esconden negligencias. Sarahí Salvatierra, de Fundar A.C., advierte que la opacidad es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Y cuando se roba en materiales o se saltan protocolos de seguridad en una obra pública, el resultado es fatal.
“Lo peor no son los costos económicos, sino los costos humanos, como afectar la vida de las personas”, explicó la especialista.
La trampa de la “Paz Social”
Lo más alarmante es que el cerco se está cerrando. Con la desaparición de organismos garantes como el INAI y las recientes reformas a la Ley General de Transparencia, el gobierno ha introducido conceptos vagos para negar información.
Ahora, pueden ocultarte datos argumentando riesgos a la “Paz Social” o al “Interés del Estado”.
"¿Qué es paz social? Es una interpretación súper vaga, súper ambigua... abre la oportunidad para que se tomen decisiones a conveniencia de unos cuantos”, denunció Tudón.
Hoy, saber cómo se construyen los puentes que cruzamos o los trenes que abordamos ya no es un derecho, sino un secreto de Estado. Y mientras la “ventana” de la transparencia se cierra, el riesgo de la próxima tragedia sigue latente.
