Norma Piña presenta segundo informe de actividades: “Los derechos humanos están en riesgo”

Se llevó a cabo el segundo y último Informe de Actividades de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien dejó como tema principal de su discurso la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la cual dijo no es una historia de vencedores y vencidos.

Piña Hernández mencionó que, con la enmienda constitucional, se está innovando “a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad”, señaló la ministra presidenta.

“Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones, a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que los hechos objetivos y verificados”.

Bajo la misma línea, Norma Piña hizo una relatoría de diversos acontecimientos que, dijo, reflejan con claridad la forma en que buscó anular la autonomía judicial:

“Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver, con claridad, cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, apuntó.

Entre su exposición, se refirió al intento de extensión del mandato de su antecesor, Arturo Zaldívar, al frente del Máximo Tribunal, lo que calificó como un intento de injerencia:

“Los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a extremos, que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021, se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal”.

Dijo que apenas casi dos años después, cuando La Corte recuperó su papel de tribunal constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a la autonomía jurisdiccional, dijo, como siempre debió haber sido, a través de medios oficiales comenzó la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de personas juzgadoras, sin nunca presentarse una prueba.

Citó casos en los que el alto tribunal no le dio la razón al Poder Ejecutivo y fueron señalados como traidores a la patria, el primero, es el que se refería a la Guardia Nacional; mientras que el segundo, que se trata del intento por reservar la información como de seguridad nacional relacionada con obras construidas durante el sexenio anterior.

• “En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
• “Me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales”.

De igual forma, no dejó escapar el ejemplo ocurrido con el llamado “Plan B”. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

Situación que les llevó a recibir diversos calificativos. “Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad.”

Piña Hernández dijo que, por el contrario, cuando se resolvía a favor del gobierno se celebraban las decisiones judiciales y se acusaba de traidores a quienes promovían recursos constitucionales de defensa, como ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica, en donde no se pudo hacer una declaratoria de invalidez por no tener los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada.

Sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, sostuvo que el afianzamiento de esta medida se refieren a la enorme debilidad de las policías y fiscalías para hacer frente a la violencia.

“Las exposiciones de motivos que justificaron las dos iniciativas presidenciales presentadas en bloque con la Reforma Judicial —esto es la militarización de la seguridad pública en México y la expansión y el afianzamiento de la prisión preventiva oficiosa— se refieren a la enorme debilidad de las policías y fiscalías del Estado para hacer frente a la violencia y el crimen organizado. ¿Por qué entonces todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial Federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones”, sentenció.

Dejó en claro que el Poder Judicial de la Federación nunca se negó a una reforma, la cual dijo que se necesitaba, pero que no se debió caer en la salida fácil; dado el contexto tan complejo que se vive en México.