La libertad en riesgo: Repartidores de aplicaciones se enfrentan a una reforma incierta que afectaría su flexibilidad

La reforma constitucional que busca reconocer a los repartidores de aplicaciones como sujetos de derechos y obligaciones en México ha encendido las alarmas en un sector que valora su flexibilidad por encima de todo. Lo que para algunos es un paso hacia la justicia laboral, para miles de repartidores representa una amenaza a la autonomía y libertad que han logrado construir con su trabajo.

Casos como el de Paola y su mamá ilustran la esencia de la fuerza laboral detrás de las aplicaciones de reparto. Para ellas, la moto y la app móvil no son solo herramientas de trabajo, sino pilares de una flexibilidad que les permite conciliar sus responsabilidades familiares y académicas. “La flexibilidad que tenemos, de ellos, por ejemplo, de ir a sus clases, de salir de las clases y poder trabajar, obviamente eso a mí me apoya con sus materiales de estudio,” comparte Paola.

Sin embargo, esta anhelada libertad se ve ahora amenazada una reforma que, según los propios repartidores, ha avanzado en la “oscuridad”. La falta de información clara y oportuna sobre el alcance y las implicaciones de la nueva ley genera gran preocupación. “Creemos que esta nueva ley ha sido todo en la oscuridad hasta el día de hoy y a pocos días de que se implemente, no sabemos nada, o sea, no tenemos realmente el conocimiento de cómo va a afectar,” lamentan.

Una de las mayores inquietudes de los repartidores radica en la seguridad social. La posibilidad de ser integrados al IMSS-Bienestar, un sistema que ya enfrenta desafíos de capacidad, genera serias dudas. Con estimaciones que van desde 656 mil hasta 2.5 millones de nuevos usuarios potenciales con la entrada en vigor de la reforma, surge la pregunta: "¿Qué pasaría si actualmente, no estando nosotros, no existe la capacidad para brindar a los que ya están, ahora incorporándonos todos nosotros?”.

Actualmente, los repartidores por aplicación ya cumplen con sus obligaciones fiscales, pagando el 2.1% de ISR y el 16% de IVA. La reforma genera el temor a nuevas “sobrecargas fiscales” impuestas desde Palacio Nacional. Este sector productivo, que ha encontrado en las aplicaciones una forma de sustento, teme que una mayor presión impositiva los deje en una situación aún más vulnerable.

Recientes mesas de diálogo en Gobernación, lejos de disipar dudas, han generado más confusión. Repartidores que acudieron a estas reuniones se encontraron con poca información concreta, siendo remitidos a un “micrositio de internet” para futuras sorpresas. La sensación de ser tratados con hermetismo es palpable: “Quedamos en un limbo, de saber qué va a pasar, muchos compañeros para el lunes no saben si van a poder seguir trabajando…". Esta falta de transparencia y comunicación efectiva por parte de las autoridades incrementa la desconfianza y la sensación de abandono.