Ciudad de México.- A través de una extensa carta de 18 cuartillas, Enrique Graue, rector de la UNAM, respondió a la llamada Asamblea InterUNAM, que el pasado 4 de octubre entregó un pliego petitorio de 5 puntos.
Sobre el tema de la seguridad en los planteles y campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los hechos violentos ocurridos el 3 de septiembre en Rectoría, Graue señaló que desde el principio se ha establecido una estrecha comunicación con los lesionados, “para asegurarse de que reciban la mejor atención médica, física y psicológica posible. Las personas afectadas han evolucionado satisfactoriamente y la Universidad ha asumido toda la responsabilidad derivada de su rehabilitación”.
También explicó el procedimiento que llevó a la expulsión de -hasta ahora- 31 alumnos que participaron en los actos porriles, y a la detención de 18 personas hasta el 8 de octubre, por parte de las autoridades policíacas.
Informó que Contraloría, de quien depende la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial, es el órgano responsable de continuar la investigación de los hechos del 3 de septiembre “para determinar si algún funcionario o trabajador universitario es responsable por actos de omisión o acción”. Detalló que las resoluciones serán dadas a conocer al Consejo Universitario y sus decisiones serán difundidas a la comunidad.
Anunció que ya fue creada una Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad para recibir todas las propuestas que puedan contribuir a mejorar esta problemática en la UNAM.
Reiteró su compromiso de actuar conforme a derecho y a la legislación universitaria, para eliminar definitivamente a todos los llamados grupos porriles y “librar a nuestras entidades académicas de su nociva presencia”.
Por otra parte, infomó que se han implementado distintos programas para la prevención y atención de la violencia de género, y la UNAM está “en absoluta disposición para recibir y analizar todas las propuestas de la comunidad, encaminadas a modificar y mejorar la política de género”.
Otro punto de este pliego petitorio es “la transparencia del presupuesto y gasto universitario”. Graue respondió que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Vigilancia Administrativa del Consejo Universitario “conocen, revisan y dictaminan el ejercicio del presupuesto y los estados financieros de la Universidad, así como el dictamen que de ello emite el contador público independiente que para el efecto anualmente elige el Consejo Universitario”. Añadió que la Cuenta Anual es publicada en la Gaceta y se puede consultar vía electrónica.
Sobre la forma de gobierno de la Universidad, su Ley Orgánica y de normatividad, alegó que se cuenta con una organización de cuerpos colegiados garantes de autonomía de gestión, “en el marco de las libertades de docencia, de investigación y de creación”, dentro de las normas y los valores universitarios vigentes. Gracias a esta organización, aseveró, la institución ha experimentado un crecimiento sostenido por más de 70 años, “manteniendo estabilidad y autonomía respecto de fuerzas políticas, económicas o sociales”.
Por lo anterior, cualquier cambio al Estatuto General “requiere de una amplia participación universitaria, así como una decisión de consenso de los distintos sectores y órganos universitarios conforme a las atribuciones legales que les competen”.
Recordó que la Máxima Casa de Estudios contempla la libre discusión de las ideas, y la libertad de expresión y reunión de los universitarios y “existe un pleno respeto a las formas de organización de los estudiantes”.
Por último, rechazó que exista algún interés privado en los procesos de admisión a la Universidad; y sobre las llamadas “cuotas ilegales” que menciona el pliego petitorio, prometió que si existe alguna no contemplada en el Reglamento General de Pagos, o que no haya sido debidamente aprobada por los cuerpos colegiados correspondientes, será eliminada.
