Presión de EU escala por narcopolíticos de Sinaloa mientras enviados de Trump llegan a México

Esta semana será de nuevo muy tensa en el palacio; vienen dos enviados de Trump y seguramente muy afilados. Estará en México la zar antidrogas Sarah Carter, directora de la oficina nacional de control de drogas, y Markwayne Mullin, el nuevo jefe de seguridad nacional. Dicen que los dos, con el cuchillo en la boca, para discutir con el gobierno mexicano el narcoterrorismo y los narcopolíticos de Sinaloa involucrados.

En una de esas, llegan con la nueva lista; como sea, su presencia será otro elemento de presión para que el gobierno entregue al Rocha, al senador Inzunza y a los otros seis solicitados en extradición.

“Los días de los cartels operando, así con impunidad, esos días han acabado hoy; sin México o con México, pero vamos a hacerlo”, detalló Sarah Carter.

El que ya está con su overol naranja es el general Mérida Sánchez; se entregó porque busca los beneficios de volverse testigo cooperante. Lo hizo mientras el gobierno mexicano exigía pruebas y acusaba al gobierno de Estados Unidos de intentar derrumbar su proyecto político.

El general consideró que sí había pruebas y que podía usarlas a su favor; dicen que lo único que se llevó fue una caja con documentos y dispositivos USB.

Entonces se dirigió a un puesto fronterizo en Arizona, en donde ya lo estaban esperando para llevarlo a Nueva York; se entregó o lo ayudaron a entregarse.

En Nueva York, lo ficharon y le asignaron como defensora de oficio a Sarah Krissoff; el general se declaró no culpable para ganar tiempo de negociación y su próxima audiencia es el primero de junio.

La fiscalía acepta que quiere convertirlo en testigo protegido, pero el general tiene que decir todo lo que sabe; lo que sabe muy bien es que este asunto no es el intento de un gobierno extranjero de derrumbar el proyecto de la 4T, sino algo mucho más serio.

Se trata de sicarios que matan a cientos de miles de personas con fentanilo y drogas sintéticas en Estados Unidos y que asesinan, decapitan y torturan a decenas de miles más en México.

Para lo que utilizan a menores de edad, hasta de 12 años, lo que se comprueba con casos como el “Ponchis” de Morelos o el “Niño piedra” de Tabasco.

“Cómo es posible que tengan hasta la hora que pasó, el lugar por donde cruzó; cómo es posible, pregunto yo, que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema; de verdad no puede ser, pero en qué están pensando”, declaró Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena.

En efecto, muchos morenistas están preocupados por lo que el general pueda decir de los narcopolíticos mexicanos; el militar está acusado de recibir sobornos de dos millones de pesos mensuales, ‘cash’ de los chapitos. Imagínese cuánto les dieron a los demás en efectivo; a cambio, según la fiscalía, les daba vía libre para producir y transportar drogas sintéticas, además de dejarlos portar armas de uso exclusivo del ejército.

El Departamento de Justicia dice que el general Mérida dio el pitazo a ‘los chapitos’ de 10 operativos federales contra narcolaboratorios; eso les permitió sacar oportunamente drogas y precursores; según las acusaciones, los acuerdos con ‘los chapitos’ ya estaban establecidos a través del gobernador Rocha Moya, el entonces secretario de gobierno, Enrique Inzunza, y el secretario de finanzas, Enrique Díaz Vega; es decir que tras el triunfo del Rocha con el apoyo de ‘los chapitos’, el general Mérida habría llegado para cumplir con la parte del trato de los morenistas y de paso llevarse su tajada.

Además, todo indicaría que, para las elecciones de 2024, el gobierno de Rocha Moya y “los chapitos” habrían replicado la violencia política de 2021.

“Considera usted que sí se requiere para los candidatos en esta contienda electoral, al menos en Sinaloa; por lo que corresponde a Sinaloa, yo en lo personal considero que no. ¿Por qué considera que no es necesario? Porque el ambiente en Sinaloa es bastante seguro, ya lo había platicado el señor gobernador"; detalló el general Mérida Sánchez.

El general fue acusado de conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos, posesión de metralletas y artefactos destructivos y conspiración para poseer metralletas y artefactos explosivos; por la gravedad de las acusaciones, piden entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

De ser declarado culpable, a sus 66 años, Merida probablemente pasaría el resto de sus días en prisión.

Además del general, también se entregó el exsecretario de finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y también cree que hay pruebas y está abierto a buscar un acuerdo; entonces ¿qué pasaría si el gobierno sigue pasmado y negándose a detener y entregar a los otros ocho, empezando por “El Rocha”?

En Washington comenzó a crecer la expectativa sobre lo que podrían revelar exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa detenidos en Estados Unidos; el periodista Armando Guzmán aseguró que llama la atención que personajes como Germán Mérida Sánchez y Enrique Díaz todavía no hayan contratado grandes despachos criminalistas estadounidenses, algo que suele ocurrir en casos federales de alto perfil relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Según explicó, esta situación podría interpretarse como una señal de que ambos estarían buscando cooperar con fiscales estadounidenses para obtener beneficios judiciales; entre ellos, reducciones de sentencia, acuerdos especiales o incluso programas de protección para testigos. Guzmán afirmó que el Departamento de Justicia busca escalar las investigaciones hacia personajes de mayor peso político y criminal, no solamente funcionarios menores.

El corresponsal también advirtió que en Washington existe preocupación por una posible falta de cooperación del gobierno mexicano con autoridades estadounidenses; señaló que, si la relación bilateral continúa deteriorándose, podrían verse afectados temas económicos, comerciales y acuerdos estratégicos entre ambos países.

Además, mencionó que en sectores políticos estadounidenses incluso vuelve a discutirse el escenario de acciones más agresivas contra estructuras criminales ligadas al narcotráfico.