Fueron detenidos dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal - AIC- por su presunta responsabiliad en el delito de tortura en agravio Carlos Canto Salgado, quién habría estado implicado en caso Ayotzinapa, confirmaron fuentes ministeriales.
Se trata de un director general de la AIC de nombre Ezequiel Peña Cerda y de Isidro Junco Barajas, policía federal ministerial, quién actualmente laboraba para la seguridad del Poder Legislativo
Agentes ministeriales acudieron a cumplimentar la orden de aprehensión de Ezequiel Peña en las instalaciones de la Agencia, ubicada en Avenida de la Moneda, colonia Lomas de Soto.
Un video en poder de Azteca Noticias da cuenta de la diigencia donde se observa al mando ministerial notoriamente molesto y sorprendido al momento de ser notificado.
Y en otra fotografía se ve el operativo de resguardo que se implementó para trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General de la Repùblica en Insurgentes 222 de la Colonia Roma.
El mandamiento judicial girado contra Isidro Junco fue cumplimentado en otro punto de la Ciudad que no precisaron las fuentes consultadas.
Sin embargo algunas fotografías dejan entrever que la diligencia de captura se efectuo a un costado del estacionamiento del Palacio de San Lázaro.
Las fuentes consultadas revelaro que áun quedan pendientes de cumplimentar otras dos órdenes de aprehensión por esta misma investigación.
Se trata de Carlos Gómez Arriba, exmando de la Policía Federal Ministerial y exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; ademas de Julio Dagoberto Contreras Saucedo, suboficial de la misma AIC.
La presunta tortura del profesor Carlos Canto Salgado fue difundida en redes sociales en junio de 2019.
A partir del escándalo que generó el video, la entonces Procuraduría General de la República abrió una investigación para dar con los responsables.
El 5 de octubre de 2019 Carlos Canto Salgado y otros dos implicados en la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa fueron libertados tras detectar que fueron torturados por ministeriales para autoincriminarse, según la resolución judicial.
