Fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma fiscal que impulsó el gobierno federal para eliminar la llamada compensación universal de impuestos, que le permitía a las empresas utilizar los saldos a favor para cubrir otros gravámenes como el IVA o el ISR.
Al declarar constitucional la modificación al artículo 25 fracción sexta de la Ley de Ingresos para el 2009, la Segunda Sala resolvió negar el amparo a tres compañías que solicitaron amparo contra tal disposición; y quedó sentado el criterio para resolver el resto de las demandas de garantías que se encuentran radicadas en juzgados y tribunales.
La sentencia consideró que no existe contradicción alguna entre la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación o la Ley de Impuesto al Valor Agregado, pues aun cuando en estas últimas se contempla la compensación universal, debe aplicarse una ley especial; es decir la de ingresos, donde se limitaron los casos de procedencia.
Los ministros consideraron que no hay violación alguna a los principios de proporcionalidad y equidad tributraria; o bien al principio de progresividad y no regresión, porque se trata de una medida justificada que persigue un fin constitucionalmente objetivo y válido.
Los legisladores, añadé la sentencia, están facultados para regular ciertas conductas tendientes a la evasión, fraudes o actos ilícitos, que si bien pueden restringir la esfera de derechos de los particulares, incluyendo su patrimonio, de ello depende la eficacia del cumplimiento de las finalidades sociales que la Constitución Federal impone a los Estados.
La norma reclamada es estrictamente proporcional en relación con la finalidad buscada; es decir que hay un equilibrio entre el fin buscado por la restricción y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.
