Durante los últimos siete años, una estructura dedicada al tráfico ilegal de energéticos funcionó con total libertad a escasa distancia de las instalaciones regionales del SAT en Tlalnepantla.
La principal implicada en este millonario desfalco ha sido identificada como Julia Mendoza Cruz, quien presuntamente encabezó una red que logró evadir al fisco por una suma superior a los tres mil millones de pesos.
Lo más sorprendente del caso es que el centro de mando de estas actividades ilícitas se encontraba en una modesta puerta de color negro, situada casi en la intersección con la avenida Mariano Escobedo, justo a la vista de las autoridades encargadas de la vigilancia fiscal.
La discreta oficina del contrabando en el Estado de México
En ese sitio, que hoy luce señas de abandono pero que aún conserva el nombre de la sospechosa y un dispositivo para grabar mensajes, la mujer trabajó sin ser molestada durante toda la administración federal anterior.
A pesar de la cercanía con las oficinas del SAT, la operación se mantuvo activa y discreta, permitiendo que se emitieran cientos de facturas que servían de sustento para actividades de importación irregulares.
Aunque se ha intentado localizar a Mendoza Cruz en dicho domicilio, hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna, pese a que los habitantes de la zona todavía guardan memoria de su presencia en el lugar.
Estrategia de clonación y facturación ilícita
La magnitud del fraude se sustenta en una compleja arquitectura operativa. Según las indagatorias realizadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, la involucrada ya contaba con señalamientos como facturera desde el año 2024. Sin embargo, no fue sino hasta el reciente 11 de febrero que el organismo tributario la acusó formalmente de defraudación fiscal.
La investigación detalla que esta red participó en más de dos mil transacciones comerciales con entidades ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos, con el objetivo de ingresar al territorio nacional millones de litros de aceites, químicos y diesel.
El método utilizado consistía en la manipulación de documentos oficiales. Las empresas fachada detectadas desde finales de 2024 empleaban una técnica de clonación de pedimentos legales de importación.
Mediante este engaño, los contrabandistas conseguían introducir cargamentos de combustible en volúmenes mucho más elevados de los que originalmente les habían sido autorizados por las dependencias correspondientes. Esta maniobra permitió el flujo constante de hidrocarburos de forma ilegal bajo la apariencia de operaciones legítimas.
Julia Mendoza Cruz, señalada, sigue desaparecida a pesar de las acusaciones
A pesar de que el daño al erario público supera los tres mil millones de pesos, el desenlace de esta historia de huachicol fiscal sigue siendo incierto. Desde la pequeña entrada donde se generaba la documentación que amparaba el ingreso de diesel y sustancias químicas, se burló la vigilancia de las autoridades hacendarias durante casi una década.
Actualmente, se ignora la ubicación exacta de Julia Mendoza Cruz y no se tiene claridad sobre si las instituciones de justicia han iniciado formalmente un expediente de investigación criminal en su contra. Este caso pone en evidencia los desafíos actuales en la supervisión de la importación de combustibles y la vulnerabilidad de los controles fiscales en puntos estratégicos del país.
