Desde hace algunos años, México ha intensificado sus esfuerzos por regular el uso de vapeadores , debido a los riesgos para la salud y su potencial adictivo. Ahora, las nuevas reformas aprobadas en la Cámara de Diputados buscan no solo prohibir su venta y producción, sino también penalizar su consumo en las calles. Si eres usuario de estos dispositivos, te conviene conocer las sanciones y lo que esto podría implicar.
¿De cuánto es la multa por fumar vapeadores?
Por el momento, fumar vapeadores no es completamente ilegal en el país, ya que las reformas aún deben ser aprobadas en lo particular, enviadas al Senado y ratificadas por al menos 17 congresos estatales. Sin embargo, desde el 31 de mayo de 2022, su venta ya está prohibida. Hasta ahora, las sanciones eran únicamente económicas, pero el panorama está a punto de cambiar.
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Con la reciente aprobación en lo general de la reforma constitucional para los artículos 4 y 5, se plantea una prohibición más estricta. Esto incluye cárcel y multas que pueden llegar hasta los 180 mil pesos para quienes sean sorprendidos fumando vapeadores o en posesión de ellos.
El objetivo principal de estas reformas, es proteger la salud pública. Los vapeadores, a pesar de ser presentados como una alternativa menos dañina al cigarro, contienen nicotina líquida y otros químicos que pueden causar adicción , afectar el desarrollo cerebral y dañar los pulmones. Además, hay riesgos inmediatos como irritación, vómitos y náuseas al estar en contacto con la nicotina líquida.
Además, contrario a algunos mitos, vapear no ayuda a dejar de fumar, ni es más saludable que los cigarrillos tradicionales. De hecho, diversos estudios han señalado que los efectos a largo plazo de su uso todavía son desconocidos, lo que genera más incertidumbre sobre su impacto en el organismo.
¿Qué sigue para la regulación de vapeadores?
Cabe señalar que, aunque la reforma aún debe superar varios procesos legislativos, su aprobación final marcaría un hito en la lucha contra el vapeo en México. Mientras tanto, es importante estar informado sobre los riesgos y las posibles sanciones, ya que el incumplimiento podría traer serias consecuencias tanto para la salud como para el bolsillo.
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