Nueva York decidió dar un paso hacia la reintegración social, con la entrada en vigor de una nueva ley esta semana, conocida como Clean Slate Act ("Borrón y cuenta nueva"). Esta medida permitirá que, después de un tiempo determinado, los delitos menores desaparezcan de los antecedentes penales de las personas.
De esta forma, aquellos que cometieron ciertas infracciones o delitos en el pasado tendrán nuevas oportunidades en el mercado laboral y a la hora de buscar vivienda. La ley fue firmada por la gobernadora demócrata Kathy Hochul.
Así funcionará la Clean Slate Act en Nueva York
A partir de ahora, los antecedentes penales de ciertos delitos se sellarán de forma automática, sin necesidad de pasar por el proceso judicial largo y complicado que existía antes. Los crímenes menores se borrarán de los expedientes tres años después de la liberación, mientras que los graves tendrán un período de espera de ocho años.
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Las personas deberán haber cumplido con su libertad condicional o supervisión, y no pueden haber cometido nuevos delitos durante ese tiempo. Si bien este cambio permitirá que aproximadamente 2.5 millones de personas en el estado se vean beneficiadas, existen excepciones importantes.
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Los culpables de delitos sexuales y casos graves como asesinatos no relacionados con drogas no son elegibles para el sellado, así como tampoco aquellos que cuenten con condenas federales o en otros estados. Para todas estas personas, sus antecedentes penales se mantendrán vigentes.
Críticas y controversias sobre la nueva ley en Nueva York
Desde su propuesta inicial, la Clean Slate Act quedó en el centro de la polémica y el debate en Nueva York. Algunos críticos, en su mayoría legisladores republicanos, argumentan que eliminar la supervisión judicial y el proceso de revisión podría abrir la puerta a que personas no rehabilitadas accedan a empleos o puestos de responsabilidad.
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Por otro lado, los impulsores y defensores de esta medida, como el senador demócrata Zellnor Myrie, la ven como una forma de reparar el daño social al permitir que aquellos que realmente se han rehabilitado puedan reintegrarse completamente a la sociedad sin las restricciones de un pasado penal. Esta ley tiene un impacto directo en las comunidades afroamericanas y latinas, que son desproporcionadamente afectadas por estas condenas.
