Tal como sucede en otros territorios dentro de Estados Unidos, Nueva York enfrenta una oleada de migrantes que llegan al país con intenciones de cambiar su vida. Sin embargo, la situación de los refugios que los albergan es crítica debido a la enorme cantidad de personas y las autoridades de la ciudad comenzaron a restringir los tiempos de estancia en estos centros.
Hasta el momento, son 215 los albergues habilitados por la administración del alcalde Eric Adams para funcionar en la Gran Manzana, donde se alojaron más de 200,000 migrantes. Pero esta circunstancia se agravó de forma rápida cuando se implementaron nuevas leyes donde se limitaron las solicitudes de alojamiento. Por ejemplo, las familias con niños podrán seguir pidiendo refugio cada 60 días, mientras que las parejas sin niños y solteras recibirán plazas por solo 30 días; luego, se verán obligados a abandonar el lugar.
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Según datos oficiales, hasta abril había 65,000 migrantes viviendo en estos asilos. De ellos, el 78% eran familias con niños y el resto, alrededor de 15,000 personas, podrían ser desahuciados en los próximos meses. Por otro lado, las autoridades locales también informaron de que “muchos de ellos emigraron de sus países, ya que en la ciudad existe una ley llamada Derecho al Refugio que garantiza que se proporcionará una cama a quien la solicite en la red de albergues”.
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Más del 70% de los inmigrantes que han pasado por estos centros en los últimos dos años son latinoamericanos. La mayoría procede de Venezuela (41%), Ecuador (17%) y Colombia (9%), según datos facilitados por el Ayuntamiento.
¿Por qué es criticada la nueva reglamentación sobre los refugios en Nueva York?
Defensores de derechos humanos denunciaron que las nuevas restricciones “solo servirán para agudizar la desesperación que los migrantes ya sienten, forzándolos a vivir en un estado constante de preocupación e inestabilidad”.
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La portavoz de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés), Kim Corona, dijo a medios que las nuevas medidas son discriminatorias. “Estos límites son inhumanos. Nadie debería correr el riesgo de acabar durmiendo en la calle. Obligar a familias con hijos a tener que volver a solicitar alojamiento una vez transcurridos los 60 días es un ciclo continuo que mantiene a las personas en estos lugares a corto plazo sin las soluciones que realmente necesitamos. También afecta a los niños: tener que trasladarse a otro lugar puede estropear su educación y aprendizaje; provoca una interrupción”, expresó.
