El clima político y social en Estados Unidos es hoy una de las preocupaciones principales de las autoridades en algunos territorios y esta vez Florida debió tomar una severa decisión ante una amenaza de muerte que recibió el gobernador Ron DeSantis. Esta resolución se comunicó luego de que la policía arrestara a una mujer de 20 años en Riverview acusada de intimar al mandatario republicano.
Se trata de Danyele Callaway, quien fue detenida después de que publicara un alarmante mensaje en la página oficial de DeSantis. Los agentes actuaron rápidamente y fue trasladada a la cárcel Orient Road en Tampa, donde en la actualidad enfrenta graves cargos que incluyen amenazas de muerte y lesiones, según informó el medio NBC 15. Aunque el contenido de su nota no fue revelado, la mujer admitió haberlo escrito y la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough (HCSO, por sus siglas en inglés), envió personal de la Unidad de Recursos Conductuales para evaluar el estado mental de la arrestada.
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¿Qué harán las autoridades de Florida para proteger a sus funcionarios?
A través de un comunicado, los agentes policiales sentenciaron que "no tolerarán ninguna forma de intimidación", en particular aquellas contra la seguridad de otras personas desde el anonimato a través de internet. El sheriff Chad Chronister dijo que "no aceptarán amenazas contra nadie de la comunidad y mucho menos contra el gobernador". "Atentar contra la vida de quienes defienden nuestras instituciones democráticas es un asalto directo a los principios fundamentales de nuestra sociedad y del sistema de justicia", expresó.
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Por otro lado, comunicaron que, si bien todos tienen derecho a sus opiniones, "nadie tiene el derecho de poner en peligro la vida de los demás". Y agregó: "Este caso es un claro recordatorio de que no se tolerarán las amenazas violentas. Seguiremos persiguiendo y responsabilizando a quienes intenten alterar la paz y la seguridad de nuestra comunidad".
En el Capítulo 836 de los Estatutos de Florida, se considera a las amenazas de muerte o daño corporal como delitos severamente castigados. Además, califica que las amenazas verbales son consideradas un delito grave de segundo grado, con penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión y multas de hasta 10,000 dólares.
